La espera de la llegada del dinero se hizo eterna, a pesar de coger el número 32, ese día no tuvo suerte. Pese al límite administrativo en la cantidad de extracción, no alcanzó para todos; realidad que actualmente viene aparejada a otros sinsabores. Marlene bien los conoce; resulta que al final sí solucionó su problema.

Ella está en varios grupos de compra y venta de Facebook. Habían diversas ofertas: si transfieres 35 mil a cambio de 30 mil en físico, o 2 100, 2 200, 2 300 y así por 2 000, lo que se les ocurra a ese mercado informal: un mal tan detestado como exigido por la necesidad y falta de otras opciones. Por suerte lo hizo así, ese mismo día compró en la Mipyme ubicada en la antigua bodega-bar Don Pancho dos paquetes de salchichas de pollo y en ese momento no estaban aceptando transferencias.

La historia de Marlene es la de muchos de nosotros en la cotidianidad, en medio de un mercado ilegal que viola lo establecido con impunidad. Existen razones de diversa índole que han generado esta situación, las cuales devalúan el salario promedio por el poco acceso que con este el trabajador tiene a bienes y servicios. En medio de un contexto complejo, quizás usted lector que por estos días ha escuchado hablar más del proceso de bancarización, se pregunta si sería para mejor o peor, y en caso de ser positivo cómo solucionaría los males.

La bancarización como se ha mencionado en reiteradas ocasiones es un proceso beneficioso y, en este punto, el control sería más efectivo si lo que ha estado establecido por un tiempo considerable se exige determinadamente. Ojo, este proceso no genera nuevos problemas ni es responsable de los existentes, más bien se afecta.

Para detenernos en la Resolución 111/2023 y su implementación en la provincia -que requiere de una atención multisectorial-, por la parte del Banco Popular de Ahorro en el territorio, Yadira Grenup Marrero, su subdirectora comercial enfatizó en las 11 medidas que se les han notificado a todos los actores de la economía por estos días, mediante varios intercambios:

“Está la necesidad de ejecutar los pagos que se deriven de una relación contractual entre todos los actores de la economía en el país, mediante los instrumentos y títulos de crédito que acuerden las partes, excepto el dinero en efectivo, y priorizando que se ejecuten por los canales electrónicos de pago hacia las cuentas corrientes o fiscales.

“Se suma el realizar los pagos en dinero efectivo que se destinen a pagos menores, hasta un límite máximo de 5 mil pesos por operación. Este límite se revisará anualmente y podrá ser modificado en correspondencia con la evolución de la economía.
“Acreditar los pagos que se ejecuten mediante instrumentos bancarios o electrónicos por y a favor de las formas de gestión no estatal, únicamente en sus cuentas bancarias fiscales, lo que exige de tres tareas fundamentales: el levantamiento de los actores económicos que aún no tienen su cuenta bancaria; el proceso de apertura de cuentas bancarias fiscales a todos los actores económicos en el territorio; la implementación gradual y progresiva, en otros lugares donde la presencia de ATMs (cajeros automáticos), TPV (conocidos como POS), Caja Extra y las comunicaciones de Etecsa lo permitan.

“Otra medida consiste en ejecutar el pago de las personas jurídicas a sus trabajadores mediante la domiciliación de las nóminas en cuentas bancarias asociadas a tarjetas de pago. Ejecutar, además, los pagos que se deriven de obligaciones con el Presupuesto del Estado, mediante los instrumentos bancarios y canales electrónicos de pago, desde cuentas corrientes o fiscales.

“Implementar un sistema de bonificación a los clientes por parte de las entidades prestadoras de bienes y servicios para estimular gradualmente el uso de los canales electrónicos de pago, así como la aplicación de incentivos para que los vendedores directos estén motivados a realizar los pagos electrónicos (bodegas, casa de compras de materias primas, cobro de servicios públicos).

“También es importante incrementar el servicio de caja extra para mejorar la eficiencia de la gestión del dinero efectivo, extendiendo su implementación progresiva en todos los establecimientos de comercio y gastronomía, sistemas de tiendas, mercados agropecuarios, unidades de servicios públicos y postales, farmacias…, así como en las formas de gestión no estatal.

“Se adiciona implementar en los establecimientos de ventas de bienes y servicios, las inversiones e informatización necesarias para fortalecer la infraestructura de pago. Establecer la domiciliación de los pagos de los servicios públicos para todos los actores económicos y la población con cuentas asociadas a tarjetas” -aquí la especialista acotó que en el caso de los jubilados que cobran por nóminas electrónicas, se les está entregando su tarjeta magnética de forma paulatina.

“Establecer una penalización a los depósitos de efectivo que realicen los actores económicos, que los compulse al uso de los pagos electrónicos o servicios de caja extra” -Grenup Marrero precisó que esta primera etapa es de concientización y diálogo con los actores.

“Finalmente, está el incentivar los pagos electrónicos del aporte o cuota de las organizaciones políticas y de masas con sus organizaciones de base”. Los medios y las opciones de transacciones electrónicas ya existían, aunque bien es sabido que no todos los santiagueros tienen algo tan necesario para este proceso hoy como un celular con línea móvil, con una versión Android -además- que permita utilizar las aplicaciones con esta finalidad.

A esto añadimos que muchos de los servicios que hoy se están potenciando y queriendo hacer extensivos, ya tenían falencias en su ejecución. Sería bueno corregir las debilidades para luego perfeccionar y desarrollar su uso. En todos los casos la cultura y educación financiera de nuestra población -mayormente envejecida que requiere sistematizar la viabilidad y agilidad de otras opciones-, su dominio del empleo de las tecnologías y los métodos de transacciones bancarias, será fundamental.

Todas estas visiones de un mismo fenómeno generan inquietudes que requieren su esclarecimiento y orientación oportuna para no aumentar insatisfacciones. El que los organismos transparenten la información por las vías posibles en sus locales, y la capacitación de su personal también es tarea vital. En el caso del Banco Popular de Ahorro, tiene habilitado un Centro de Atención de llamadas, con el número 22641597.

En relación con la exigencia del cumplimiento de lo regulado, de esto depende que se materialice y corrijan estos elementos. Por ejemplo, el problema no es que acepten transferencias o no en las Mipymes, la cuestión está desde una arista que estas transferencias no vayan a códigos QR de cuentas personales, sino a la de la empresa generada por la vía correcta y que, por supuesto, esté creada esta cuenta fiscal: hoy muchos no la tienen, aunque esté regulado que así sea.

Crear un código QR es tan sencillo como contratar el servicio de EnZona mediante Joven Club, acceder a la página de Etecsa para la contratación digital y rellenar una planilla, que una UEB solicite a su empresa la creación de este…las opciones están. Dar los pasos y a la velocidad que demanda en la actualidad nuestra sociedad en materia de bancarización, no es ni tan sencillo ni tan complejo.