Lo primero constituye la crisis económica del país, que se hace ver en la cotidianidad, y que adolece de problemas macro como el impacto de la pandemia de la COVID-19, y el incremento de las medidas de las administraciones estadounidenses. Estas últimas continúan siendo las de un bloqueo económico, comercial y financiero, ya que no se eliminan de forma total sus imposiciones.

En medio de este complejo panorama nacional e internacional, Cuba emprendió transformaciones considerables como parte de una nueva estrategia económica-social, la denominada Tarea Ordenamiento, que compromete en sí varias tareas con impacto en todos los sectores de la vida en la sociedad, y también conduce su programa de Desarrollo Económico Social 2030.

Al frente de esta vorágine de trabajo para todas las estructuras sociales y económicas, muchas de las cuales no estaban del todo preparadas, está la constante imprescindible, que la agricultura cubana aún no satisface los niveles productivos necesarios para las demandas del consumo de sus destinos. Síntesis vigente, reflejada en la intervención del Viceprimer Ministro de la República de Cuba, Jorge Luis Tapia Fonseca.

¿Problemas solucionados?

Al analizar las medidas inmediatas para potenciar la producción de alimentos, que acumulan en estos momentos un período significativo de implementación, surgen diversas reflexiones. Las medidas fueron confeccionadas en función de problemáticas puntuales identificadas en las labores diarias del sector, que implican tanto dificultades productivas, de organización, estructuración y de resultados socioeconómicos.

Algunas de estas se han ido erradicando conforme a las nuevas disposiciones, como el sobredimensionamiento de las estructuras empresariales y estatales, la división de sus funciones, y la aplicación de la innovación y la ciencia desde el surco.

Sin embargo, pese a estas bondades, aún entorpecen los excesivos intermediarios, el no requerido control de la utilización de tierras ociosas, los trámites burocráticos que dificultan su entrega, los impagos a los productores, y la insuficiente productividad.

Más allá de la escasez de recursos financieros y materiales, y los percances en la red de servicios públicos que se observan durante los recorridos, los ejemplos de trabajadores agropecuarios que han emprendido la esencia de las medidas para potenciar la producción de alimentos no son pocos.

Queda aún la mirada hacia el desconocimiento que aún presentan algunos productores y estructuras, en la aplicación de las mismas. Situación que entorpece la fluidez de las labores. Las medidas están pensadas para la innovación, el emprendimiento, la calidad, la satisfacción de necesidades sociales…

Desde la concepción del contrato con el trabajador, entre otros, la prestación de los servicios de electricidad y agua, el contrato de maquinarias agrícolas e insumos agropecuarios, los productos bancarios y los requerimientos de garantía, el seguro agropecuario, y el pago por factura.

De este último, quien no efectúe los pagos no podrá comprar, aunque aún persisten atrasos de meses en las retribuciones monetarias de las entregas agropecuarias, pese a la posibilidad de solicitud de crédito.

Por otra parte, con las medidas quedó establecida la organización del pago de impuestos, y la flexibilización de las ventas directas para determinados actores económicos, definidos en los documentos.

Proyectos de desarrollo local, de mini industria, fusión o extinción de cooperativas sin posibilidad de recuperación productiva y económica, constituyen algunos de los puntos clave de estas acciones.

¿Qué nos falta aún?

El empleo mejor de las tierras, conociendo sus potencialidades, y atendiendo al rendimiento; el control en los polos productivos de la utilización de cada recurso, fondo de tierra y marcha de las tareas que desempeña cada actor económico.

El conocimiento de primera mano de los límites y flexibilidades de las medidas implementadas, la fiscalización de su cumplimiento en todas las estructuras de base, locales y de la provincia; la inyección de fuerza de trabajo joven, la atención a productores familiares; la aplicación de acciones inmediatas ante infracciones de lo establecido en las regulaciones.

La relación entre el costo de producción, lo expuesto en la ficha de costo, y la compra y comercialización en sus diferentes destinos, lo cual ofrecerá una visión palpable del precio real. La erradicación de procedimientos con excesivo burocratismo y la eliminación de trabas para la comercialización de las producciones.

Disminuir las tierras ociosas y aumentar la fuerza de trabajo, son proporcionales a mayor producción de alimentos, esta a su vez retribuye a un incremento en la oferta, a la consecuente disminución de precios, y satisfacción de las demandas de consumo de la población.

Ecuación funcional con la aplicación en todas las estructuras de las medidas dispuestas. Como expresó el General de Ejército Raúl Castro Ruz: “La producción de alimentos es una cuestión de Seguridad Nacional”.