La medida incluye multas de 16 000 a 100 000 pesos para quienes incumplan y la habilitación de teléfonos y plataformas digitales para denuncias. Las autoridades señalaron que la obligación alcanza a todos los actores económicos y que se revisarán fichas de costo y precios.Georbelis Iznaga Tomás, viceintendente del Consejo de la Administración, explicó que las acciones se fundamentan en tres normas jurídicas de 2023: una del Ministerio de Comercio Interior y la norma de bancarización del Banco Central de Cuba. Añadió que resoluciones actualizadas establecen un descuento del 4 % del costo para el comprador que use canales electrónicos y un beneficio del 2 % para el vendedor. “Esas son las cosas que desde el punto de vista legal están establecidas”, dijo.
Iznaga Tomás señaló que comerciantes no aceptan pagos por canales electrónicos y presentan excusas. Una de las más utilizadas es que el banco no garantiza la extracción del dinero para continuar el negocio. “Eso no es real, es una excusa que ponen los actores económicos sencillamente para no utilizar esas operaciones”, afirmó. Explicó que en reuniones con actores económicos y representantes de sucursales bancarias se aclaró que el banco devuelve el dinero cuando el actor económico acuerda con la sucursal el monto y el tiempo en que lo necesita. Añadió que desde finales de julio el banco cuenta con financiamiento en el territorio.
Otra causa de la no utilización de los canales electrónicos es la evasión del fisco, según el viceintendente. “Cuando se realizan las operaciones por los canales electrónicos eso queda registrado y la ONAT pudiera determinar cuánto dinero usted debe como actor económico para pagar sus tributos”, indicó. Señaló que en Santiago de Cuba no se utilizan los canales por un problema de indisciplina y que la población debe conocer sus derechos y el sustento legal para enfrentar la situación.
Para atender las quejas, se crearon equipos de trabajo en tres arterias comerciales: Avenida de Sueño, la calle detrás de los 18 Plantas de Garzón y Avenida Trocha. “Como forma de control piloto, vamos a organizarlo en esos tres lugares inicialmente  y luego estaríamos revisando cómo implementar esta misma medida en el resto de los lugares”, explicó. La medida rige para el comercio estatal y no estatal. “No hay beneficios para uno ni para el otro. La medida es para todo el mundo”, subrayó.
La norma exige el uso de todas las pasarelas de pago: EnZona, Transfermóvil, Mi Monedero y pagos en línea. El cliente decide el canal. Iznaga Tomás advirtió que utilizar solo EnZona constituye una violación. “La norma no habla de un cumplimiento parcial. Dice utilizar las pasarelas de pago, está en plural”, afirmó. También calificó como delito el cobro de un porcentaje adicional por transferencia y la existencia de dos precios, uno para efectivo y otro para transferencia.
Sobre la formación de precios, indicó que no se topan precios, pero la norma que establece la formación de precios no se ha derogado: el comerciante puede fijar un precio de hasta el 30 % sobre el costo y debe mostrar la factura que lo justifique. “Vamos a revisar las fichas de costo, no con la intención de cerrar nada, sino con la intención de dinamizar un proceso en el que todo el mundo gane”, dijo. Las multas por no aceptar canales electrónicos van desde 16 000 hasta 100 000 pesos y alcanzan a trabajadores por cuenta propia y a empresas estatales.
El viceintendente afirmó que los ejercicios planificados no resuelven el problema y que el control debe ser cotidiano. “Cuando hay crisis económica, hay crisis moral. En este proceso vamos a encontrar personas que no tengan conciencia de ello y otras que sí y no hacen lo que corresponde”, manifestó.