Eloydis Montejo La O, Jefe del Centro de Telecomunicaciones principal Santiago de Cuba, explicó que estos actos, además de tener un impacto económico para la institución, dejan la mayor afectación en la población que se ve privada de disfrutar del servicio, otros soportes demoran en su restablecimiento, y no son pocos los montos que se destinan en la reposición de la tecnología dañada.

El directivo acotó que la zona de mayor incidencia donde se evidencian la mayoría de estos hechos es el centro urbano José Martí, y son de diversa naturaleza, desde el robo de cable de fibra óptica, el robo de cable de cobre, vandalismo contra los gabinetes tecnológicos, contra las radio base de celulares, y sustracción de las baterías.

“El daño a estos soportes incidente en la vitalidad de las comunicaciones, no solo se afecta la telefonía fija, la celular, también el nauta hogar; y se incrementa los niveles de saturación, porque cuando hay una afectación en la radio base, se refleja en la cobertura.

“Cortar cables, por ejemplo, puede dejar a muchas personas incomunicadas en situaciones de emergencia. La falta de acceso a servicios de telecomunicaciones por vandalismo limita el desarrollo del país y afecta todas sus esferas”.

Cierto es que Etecsa no escapa a las limitaciones de recursos para instalar nuevos servicios, súmele además, reponer los daños causados por el vandalismo, que en lo que va de 2024 cuenta con 10 hechos más que el año anterior.

Urge ponerles coto a estas conductas delictivas, la más reciente fue una afectación a la radio base de celular en la comunidad de San Agustín, carretera de Mar Verde; una zona alejada en la que impacta mucho más este tipo de delito, porque ahí no existe comunicación por red de cable y las radio base es el único servicio que se tiene. Comentó Montejo la O.

“La entidad ha tomado como estrategia los recorridos nocturnos en los días no laborables por toda la infraestructura de Etecsa, pero hay que tener en cuenta que está dispersa por toda la geografía del territorio. Hemos revitalizado las actas de cooperación con los CDR, organismo y entidades cercanas a los puntos y tenemos previstos los barrio debate en las comunidades, para que la población conozca de estos hechos, de su impacto a la economía, a la empresa, y de cuánto pueden afectar a nuestros clientes”.

“No todos los hechos se dan en comunidades rurales, la mayoría de los últimos han ocurrido en zonas pobladas, donde hay viviendas cercanas y centros laborales, de ahí la importancia de que todos estemos vigilantes por un bien común”.

El directivo sugiere reportar al 118 -servicio de Información Comercial y Atención a quejas e incidencias de la entidad-, habilitado para informar cualquier evento de esta naturaleza que la población presencie, también puede llegar la alerta por el 22624948 centro de dirección donde se trabaja 24 horas”.

¿Qué pasa legalmente con los comisores de estos delitos?

El Fiscal Provincial del Departamento de Procesos Penales, Rolando Reyes Speck, en comparecencia en la Revista Santiago de Tele Turquino, expuso que: “El Derecho Penal está diseñado para enfrentar hechos que la sociedad considera que son lesivos y que ameritan una pena; en este caso, por las afectaciones que sufre la población y el país, que además de ser económicamente muy severa, también son sociales, porque la población se ve implicada, la Resolución 25 del 2010 del Fiscal General de la República, establece un procedimiento para los hechos contra la telefonía (también contra el ferrocarril y la electricidad), que dispone que desde que se detiene a las personas -según la peligrosidad y la lesividad social del hecho- se le debe imputar la medida cautelar de prisión provisional.

“Tras ser detenida esta persona, el proceso debe ser lo más expedito posible, con todas las garantías procesales que lleva la ley de nuestro país, y al final se le va a solicitar al órgano jurisdiccional, una pena también severa -de la media hacia arriba- en correspondencia con el daño, las características personales del comisor y la tipicidad delictiva.

“Estamos hablando, por ejemplo, un hurto, la pena puede ser de 2 años hacia arriba, según las formas agravadas; hasta 30 años de privación de libertad si es un robo con violencia o robo con fuerza; en el que se evalúan otras causales; imaginen la magnitud de cortar la fibra óptica…

“Asimismo, serán sancionados las personas que sean coautores del hecho, pues sabemos que a veces estos delitos no se comenten solo; incluso, varias personas, y sin haber cometido esa tipicidad delictiva, pueden estar cometiendo otra tipicidad delictiva como por ejemplo la receptación; porque el que recepta ese cable que se picó para realizar otra actividad, está incurriendo en un delito.

“El trabajador por cuenta propia que adquiera ese cable, para luego venderlo en su establecimiento, está recibiendo un bien que proviene de una actividad ilegal, y a su vez la ley le va a imponer una pena en correspondencia con su participación.

“Estos delitos no son solos contra Etecsa, tienen una trascendencia pues pueden dejar sin comunicación, por ejemplo, centro vitales de la economía, una unidad militar, hasta una central termoeléctrica como ‘Renté’, por eso son valorados como de elevadísima lesividad social, por la magnitud de los daños que podrían provocar, y de igual modo deben de ser juzgados sus autores”, concluyó.