“Cuando se empezó a aplicar la Resolución de los precios topados tuve que ir hasta Ferreiro y otros lugares de la ciudad, para poder comprar el pollo, pues los muchos vendedores que tenía el reparto se esfumaron y con ellos el producto; por suerte, han vuelto y con el precio establecido”, relata contenta, pues la medida, que debió haber llegado antes, enfatiza, le da un leve respiro a su bolsillo de trabajadora presupuestada.

A más de 40 kilómetros, en el municipio de Palma Soriano, Elena Sorribes, jubilada del sector de la Educación, también habla de sobresaltos con el pollo.

Aunque la Resolución establece los precios de los productos en kilogramos, el conocimiento popular de los precios por libras, puede ayudar a los compradores a reconocer y enfrentar las violaciones

“Al principio no te lo vendían por libras, que es lo que más puedo pagar, pues aunque la medida reduce los precios, todavía siguen siendo altos para los que vivimos de una pensión; no obstante, se agradece la intención del Estado y ojalá el rigor se mantenga para ver si el costo de alimentarnos es menor”, recalca mientras busca su lugar en la larga fila de un sábado de feria.

Las experiencias de Yamilé y Elena muestran algunas aristas de la implementación en Santiago de Cuba de la Resolución 225 del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), para la reducción temporal de los precios minoristas de seis productos de alta demanda popular: pollo troceado, aceite, leche en polvo, pastas alimenticias y salchichas, en vigor desde principios de julio de este año.

De la profilaxis al enfrentamiento

La medida, ha reiterado en estos días Vladimir Regueiro Ale, titular del MFP, que establece precios máximos de comercialización, busca contener los ritmos de inflación y su expresión en productos esenciales para la alimentación de la población, cuya demanda supera la presencia en el mercado, con la consecuente tendencia al incremento de su valor.

Al decir del ministro cubano, la nueva norma, que igualmente exonera del pago de impuestos aduaneros a las importaciones de los productos que regula, llega a la realidad precedida de un acucioso estudio, y para su aplicación efectiva en el complicado entramado económico actual es imprescindible el intercambio con las nuevas formas de gestión y hacer valer el control popular.

Todas esas razones y necesidades han sido tenidas en cuenta en tierra santiaguera, donde según Yanet Aniuska Vichot González, al frente del Grupo Provincial para encaminar la tarea, se pasó a la acción luego de un intenso proceso de intercambio y explicación a los actores económicos de los objetivos de la norma, la capacitación a todos los involucrados y la creación de grupos multisectoriales de trabajo hasta el nivel de consejos populares en los nueve municipios.

A un mes de la puesta en vigor de la Resolución, la también coordinadora de Programas y Objetivos para atender la Economía en el gobierno santiaguero, ratificó lo que Sierra Maestra pudo constatar en recorrido por establecimientos y negocios de la cabecera provincial y el municipio de Palma Soriano.

Sin descartar violaciones en el resto de los productos, el pollo y la leche acumulan la mayoría de las incidencias, particularmente esta última, pues la generalización en un mismo precio de la gran gama de variedades existentes hoy en el mercado, ha suscitado inconformidades entre los representantes de mipymes y otras formas de gestión, que han llevado a su retiro de no pocos establecimientos.

“En Santiago de Cuba no se ha cerrado ningún negocio, pero el enfrentamiento es diario y con el rigor y la intensidad que ha pedido la dirección del país”, asevera la dirigente gubernamental.

Violeta Fundora Smith, directora de inspección en la provincia, ratifica esa línea de acción y precisa que más de 600 inspectores, entre profesionales y eventuales, apoyados por el control popular, asumen cada día acciones conjuntas y sistemáticas en 126 consejos populares.

“Estamos en el terreno todo el tiempo; nuestra prioridad, más que la multa, la venta forzosa o el decomiso, es buscar el orden, el respeto a los precios”, recalcó la directiva, quien insistió en que las violaciones se enfrentan con igual rigor en el sector estatal que entre las nuevas formas de gestión y las inspecciones incluyen, entre otros aspectos, la revisión de fichas de costo, el pago de impuestos a la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (Onat) y el empleo de los canales de pago electrónico, aspecto que encuentra aún mucha resistencia en este lado cubano.

Según los informes más recientes, desde el 12 hasta el 31 de julio las acciones de enfrentamiento en Santiago de Cuba, detectaron 2 831 violaciones, entre las que predominan precios por encima de lo establecido en la norma y ocultar mercancías, y se aplicaron multas por un monto superior a los seis millones 450 mil pesos, debido al incumplimiento de lo regulado en varios decretos, entre estos el Decreto-Ley 30, que establece severas cuantías contra precios abusivos y especulativos.

Las expectativas de un primer paso

Cualquier recorrido por la amplia red de negocios de la urbe santiaguera y la Ciudad del Cauto permite apreciar una diversa gama de realidades en las que algunos cumplen y otros siguen buscando por la izquierda maneras y justificaciones para evadir lo establecido, y mucha polémica y expectativas entre la población.
Aunque coinciden en que establecer el precio máximo de solo seis productos no resuelve el problema, santiagueros entrevistados agradecen la voluntad estatal de proteger el poder adquisitivo de la población, y justo porque la Resolución ha demostrado que se puede, claman porque sea este un primer paso que pudiera extenderse a otros productos de alta demanda.

No pocos entrevistados, sobre todo los más asiduos a las zonas comerciales más céntricas de Santiago y Palma, concuerdan en que aún falta impacto a una medida que tiene en ampliar y sostener el accionar contra las violaciones sus mejores armas, y argumentan con productos como la salchicha, el detergente y las pastas, que mayormente se comercializan en unidades y no en kilogramos, y que en esa confusión mantienen precios por encima del máximo establecido por la Resolución.

“Aún el mismo pollo, un día lo encuentras a 310, 312 pesos la libra en un lugar y dos días después está a 330, 340; en una zona de la ciudad te lo venden por paquetes, en otras por libras…”, detalla Marisela Robles, santiaguera.

Ejemplos del día a día como estos, son los que llevan a los entrevistados a concordar en que solo en el control riguroso y el enfrentamiento constante, están los caminos imprescindibles para asegurar y sostener los efectos de la medida.

“Necesitamos soluciones a largo plazo”, es clamor de muchos, que si bien reconocen que el tope les permite hoy estirar un poco su deprimido poder adquisitivo, también manifiestan sus reservas con respecto a la efectividad y durabilidad. “La inflación es un problema estructural y no se soluciona solo con controlar precios. Además, me preocupa que la medida no vaya acompañada de un control efectivo, pues todos conocemos el ingenio del cubano, que siempre se las arregla para burlar lo establecido en las leyes”, nos dijo Ana López, ingeniera de 33 años.

Muchos dueños, socios de mipymes, y trabajadores por cuenta propia santiagueros también consideran como positiva la medida, y la ven como una demostración de lo que puede lograrse cuando el sector estatal y el privado trabajan en unidad, pero reiteraron preocupaciones como que previo al inicio de la aplicación del Decreto no se les concedió un tiempo para comercializar las mercancías que adquirieron a un costo superior a los precios establecidos en la norma.

Los representantes de nuevas formas de gestión entrevistados en territorio indómito insistieron igualmente, en la necesidad de que exista una importadora radicada en la provincia y se inserte a Santiago de Cuba entre los puertos para la descarga de mercancías, pues hoy deben pagar altas comisiones a los representantes de las importadoras para poder priorizar la extracción de los contenedores de El Mariel.

En cuanto a la Resolución mostraron inquietud con que los precios se clasifican de manera muy general y no se tiene en cuenta las variedades existentes dentro de un mismo producto, que conducen también a las variaciones de costos, pues, por ejemplo, no cuesta lo mismo la leche entera que la descremada.

Los precios de productos nacionales como la cerveza, el jabón, las salchichas, o el picadillo no son competitivos, y eso los obliga a realizar importaciones, refirieron, y abogaron por establecer alianzas con el sector estatal en aras de facilitar la transportación de las mercancías.

De la norma a la vida, Yanet Vichot, al frente del Grupo Provincial, ratifica la voluntad gubernamental al dejar claro que las acciones de enfrentamiento se mantendrán con el rigor que demandan los tiempos.

Y recalca la importancia de un mayor protagonismo de la población. “Todos los días hay acciones en los municipios, monitoreamos incluso las redes sociales, pero necesitamos potenciar más el control popular, que las personas sepan que pueden denunciar las violaciones a los teléfonos de los puestos de dirección que hemos divulgado por la prensa, en nuestras páginas web del Gobierno. Entre todos podemos”.