El documento, que será sometido a referendo en septiembre próximo, contó con un efectivo proceso de consulta popular entre los meses de febrero y abril del año en curso. Este generó la participación de una cifra superior a los 6 millones de cubanos, para un resultado de más de 434 mil propuestas, y la variación en un 47.55 % del texto final que se llevará a votación.
Durante el encuentro en el territorio, se enfatizó en la necesidad de superar con estos logros, las situaciones culturales que persisten y dificultan de cierta forma la inclusión de personas con discapacidad, o la esencia de igualdad y derechos para todas las personas que han sufrido situaciones de discriminación por ese no reconocimiento.
Se expresó, asimismo, la intención que debería primar de intereses colectivos antes que los individualistas, en beneficio a hombres y mujeres. “Este es un código para todas las edades, que evidencia los intereses de las familias cubanas, y de esto dependerá el mañana. La actitud que se promueve es la de un voto responsable y consciente.
“Los criterios y las transformaciones plasmadas en el proyecto, van dirigidas a la mejor comprensión del Código. Algunos ejemplos de exhaustividad en la redacción de la ley para su comprensión y aplicación efectiva, constituye el establecimiento de una estrategia integral donde todas las instituciones tienen responsabilidades para enfrentar situaciones de violencia y, por otra parte, se refuerza la protección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social hacia las personas cuidadoras”, constituyen algunas de las ideas expresadas por la especialista González Ferrer.
En cuanto a las experiencias del apoyo de las integrantes de la organización en el territorio, a las tareas de consulta, Ileana Navarro, Secretaria del Bloque 161 del Consejo Popular Sueño, destacó la labor sistemática que han realizado los medios de comunicación de la provincia, en pos a divulgar el contenido jurídico, esclarecer dudas e intercambiar ideas, mediante diferentes programas.
Asimismo, refirió el desempeño intersectorial con la Unión de Juristas, la Facultad de Derecho de la Universidad de Oriente, y los trabajadores del sector jurídico, en general. También intervinieron artistas, presidentas de consejos electorales, y féminas en sentido general con diversas responsabilidades en la sociedad, acerca del rol de las federadas para explicar a la población.
Al respecto, María Salazar Varga, del Bloque 332 del Consejo Manuel Isla Pérez, recalcó la importancia del trabajo en la base, dialogando cada punto de la ley con detalle.
Caridad Rosa Jiménez Morales, Vice presidenta de la Unión de Juristas en Santiago, y profesora de Derecho Constitucional en la Universidad destacó, de igual forma, el respaldo en Santiago de más de 1 500 juristas al proceso de consulta popular. Esta acción como reflejo de un mecanismo de participación que aboga por el derecho humano progresivo y la dignidad de las personas como el atributo mayor para todos por igual: “herramientas de entendimiento de lo que es valioso para la sociedad cubana, como principio”.
La labor con sicólogos, sociólogos y especialistas durante el intercambio con los jóvenes sin prejuicios, y el desempeño de la Cátedra de Género del Alma Mater Oriental, constituyen algunas acciones integrales desarrolladas en la provincia. Todas se efectuaron con el apoyo de las organizaciones políticas y de masas, como es la Federación de Mujeres Cubanas.
En este sentido, al cierre del intercambio, las federadas santiagueras ratificaron su respaldo al proyecto de Ley Código de las Familias que se llevará al referendo de los ciudadanos próximamente. En caso de su aprobación sustituiría al documento de esta naturaleza que data de 1976.
El nuevo texto es el reflejo del contenido de la Carta Magna de la República de Cuba aprobada en el año 2019 por la mayoría de los votantes, y hasta la última versión del código se encuentra atemperada a los tiempos presentes y futuros.
