Bajo el principio humanista del derecho penal en Cuba, y en la constante vocación de favorecer, como política refrendada en el artículo 60 de la Constitución de la República, la reinserción social de estas personas se realizó en el mes de septiembre un Ejercicio Nacional de Control Integral a personas sancionadas a penas no detentivas, que perseguían esencialmente dos objetivos: comprobar el estado de cumplimiento de las obligaciones impuestas para corregir y perfeccionar la estrategia de control y seguimiento individualizado, y fortalecer los mecanismos de integración entre los organismos y factores involucrados.
En los nueve municipios se realizaron poco más de diez mil acciones de comprobación en zonas de residencias y centros de trabajo, a una universo que agrupa sus mayores números a personas excarceladas, quienes al encontrarse en libertad se someten al control que coordina el juez de ejecución, que vela porque mantengan una adecuada conducta social, realicen alguna actividad útil en orden laboral, y mantengan informado al tribunal y sus funcionarios de los principales aspectos que estos deberes jurídico-penales les imponen.
Ha sido vital en los resultados alcanzados, ya que casi el 90 por ciento de los comprobados asumen unas conductas apegadas a sus deberes, los niveles de integración y efectividad en el consejo popular, con una marcada vitalidad a la labor del Grupo de Prevención, al aunar la intervención efectiva de todos los factores en pos de los fines de reinserción social, aun cuando en casos muy aislados se modifica el diseño de las acciones de control a cada sancionado y en determinados casos se ha dispuesto su ingreso en establecimiento penitenciario al observar una conducta que quebrantó de manera significativa sus obligaciones.
En intercambio de trabajo con Yoannis Chávez Llópiz, Presidente de la Sala Tercera de lo Penal, del Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba, y coordinador de la actividad en la provincia, señaló que dando cumplimiento a la normativa penal vigente, a raíz de la reforma procesal y penal aun en curso, cada seis meses se realizan ejercicios integrales para tomar el pulso de los niveles de cumplimiento de los deberes de los sancionados y favorecer una integración más sólida, como se alcanza en el territorio, para efectivizar la actividad de control, atención e influencia, donde juega un papel protagónico la forma que le imprima el funcionario judicial encargado en cada tribunal municipal.
Destacó que el ejercicio sirve para perfeccionar la actividad que como servidores públicos realizamos, en pos de modificar la conducta de la persona objeto de control, para así contribuir a un ambiente social más tranquilo, disminuir la incidencia delictiva en la sociedad, y dar cumplimiento al mandato judicial que en su día impuso el tribunal de conocimiento al sancionarlo por la comisión del hecho delictivo.
Recalcó la necesidad de trasladar a cada zona de residencia y centro laboral las mejores experiencias en el quehacer judicial en este sentido, para sistematizar las buenas prácticas que se alcanzan en municipios como el cabecera y en centros de trabajo como el Hospital Infantil Sur o en la Emisora Radio Mambí, lugares donde se reconoce el trabajo integrado de las organizaciones.
Un aspecto señalado por el juez, con un positivo impacto en la formación de valores de la responsabilidad y laboriosidad, constituyó la realización en toda la provincia de actividades de impacto social, se realizaron jornadas de trabajos voluntarios en labores de higienización y limpieza en 5 hospitales de la cabecera provincial, jornadas productivas y donaciones de productos agrícolas a hospitales y casas de abuelos por sancionados productores en el municipio de Guamá y San Luis, lo que augura elevados niveles de efectividad en su reinserción social.
“Aun nos queda por evaluar a nivel provincial, y con las principales autoridades del territorio, los resultados del ejercicio integral, pero ya podemos concluir asegurando que ha sido positivo, superior a ejercicios anteriores, y ello es gracias a los niveles de integración, y a la voluntad de jueces y asistentes judiciales en el cumplimiento de nuestro encargo estatal”, concluyó el entrevistado.
