El sábado 6 de agosto, el entonces llamado Estadio del Cerro, hoy Latinoamericano, estaba colmado del público que asistió a la clausura del Primer Congreso Latinoamericano de Juventudes, que tuvo su punto culminante cuando el Comandante en Jefe Fidel Castro anunció la nacionalización de las propiedades norteamericanas en Cuba, como respuesta al claro rumbo agresivo que tomó EE.UU. contra el país.
La selección de la fecha y el lugar no obedeció solamente a una simple coincidencia histórica, ya que desde hacía días se celebraba en La Habana el evento, el cual aglutinó a las organizaciones de izquierda que apoyaban y defendían a Cuba, y resultaba difícil de obviar por las campañas mediáticas y la actitud lacayuna de la mayoría de los gobiernos de la región.
En ese contexto, precisamente, Fidel organizó su intervención en la clausura del congreso, no de forma tradicional sino para comunicar al mundo la respuesta de la Revolución a los planes enemigos, que ocho meses después culminarían con la invasión mercenaria por Playa Girón en abril de 1961.
Las Leyes del Gobierno Revolucionario anunciadas por Fidel y Raúl Castro, quien tomó la palabra debido a una temporal perdida de voz del máximo líder, incluían la confiscación de 26 compañías estadounidenses, tres refinerías de petróleo, los monopolios de la electricidad y del teléfono, así como 36 centrales azucareros, medidas que se realizaron en apego al derecho internacional y que incluían el pago de indemnizaciones de acuerdo con negociaciones y acuerdos entre las partes.
El proceso de nacionalización se produjo tras sufrir el país numerosas acciones enemigas, como la del 4 de marzo de 1960, cuando en la bahía habanera se elevó a más de mil metros el hongo de una explosión, que recordaba las producidas por los ensayos nucleares en el Océano Pacífico, al volar el Vapor francés La Coubre mientras descargaba armas y municiones, con un saldo de 101 fallecidos, entre ellos seis marinos franceses y ocho trabajadores portuarios españoles, así como 400 personas lesionadas o incapacitadas de por vida.
Las investigaciones de las autoridades cubanas demostraron que el crimen respondía a una operación de la CIA, para evitar que las fuerzas armadas cubanas adquirieran armas para defenderse.
El 3 de julio del propio año el presidente Dwight Eisenhower, con el apoyo del poder legislativo, rebajó la cuota azucarera, principal fuente de divisas de la nación antillana por concepto de venta a EE.UU., y rechazó la compra de 700 mil toneladas ya producidas, lo que significaba un gran golpe a la joven Revolución.
Las compañías e instituciones estadounidenses en la Isla, además de hacer patente la explotación semicolonial, representaban para la CIA un recurso estructural y de apoyo en medios económicos de primer orden en sus planes.
En Cuba se pretendía repetir el papel de la United Company, junto a otros intereses estadounidenses, en el golpe de Estado organizado por la nación norteña contra el gobierno nacionalista del presidente Jacobo Arbenz en Guatemala durante 1954, para preservar y utilizar sus haciendas e instalaciones como bases de apoyo y de armas para los mercenarios pagados por Washington.
Pero se equivocaron en sus apreciaciones sobre la capacidad de resistencia y respuesta del pueblo y de su máximo dirigente Fidel Castro.
Desde el mismo inicio de las agresiones Fidel declaró: “…en ese intento de irnos quitando la cuota, libra a libra, ¡le iremos quitando central por central! ¡y le iremos quitando, centavo a centavo, hasta la última inversión de norteamericanos en Cuba! y no solo eso, sino que, libra por libra, ¡iremos suspendiendo todas las importaciones norteamericanas en Cuba! que el mundo es ancho y nosotros les compraremos a los que nos compren.”
Estados Unidos, en un gesto de prepotencia y en espera de la derrota de la Revolución, se negó a aceptar las condiciones de Cuba y no negoció sus intereses nacionalizados.
Más de 10 administraciones estadounidenses han persistido y persisten en derrocar el proyecto social cubano y reconstruir su sistema neocolonial ,y desde 1996 esgrimen la Ley Helms-Burton, con la cual ilusamente piensan recobrar lo que desde aquel ya lejano e histórico 6 de agosto de 1960 es propiedad del pueblo.