Con esta decisión, la actual administración de la Casa Blanca da por terminado el llamado “parole humanitario” concedido durante el mandato de Joe Biden a esas personas para que pudieran entrar al país de forma legal y permanecer aquí por un periodo máximo de dos años.

El “parole” de Biden es un programa que intentó frenar la migración irregular a Estados Unidos desde los mencionados países y la disposición que recién se informó pondrá a cientos de miles de personas en una condición incierta a expensas de la eventual expulsión acelerada si no cuentan con otro estatus legal.

En ese sentido se refiere a una solicitud de asilo o el Estatus de Protección Temporal (TPS), que son ambos protecciones contra las deportaciones.

El martes 25 de marzo el Registro Federal publicará un aviso sobre el programa, conocido como CHNV (iniciales de las naciones afectadas), para que «personas en libertad condicional sin una base legal para permanecer en Estados Unidos” tras finalizar el plan abandonen el territorio nacional antes que venza su autorización de entrada.

Como otras órdenes del gobernante, esta también podría ser impugnada en los tribunales por abogados de inmigración, de acuerdo con reportes en medios locales.

Defensores de los migrantes dicen que la decisión de Trump saca a flote una dura realidad, pues no se trata de deportar a migrantes criminales o indocumentados, sino que va más allá porque despojará del estatus legal a quienes ingresaron a Estados Unidos de manera regular y ordenada.