En aquel momento ese lugar lo ocupaba el Dr. Adolfo Nieto Piñeiro, quien expresó de lo acontecido: “A mi entender la Causa por los sucesos del cuartel Moncada es la de mayor importancia y trascendencia que se lleva a juicio oral desde el establecimiento de la República”. La causa 37 de 1953 acusó a 143 personas.   

Entramos a un salón distinto a los restantes del edificio, viajamos en el tiempo a donde se reunía el colectivo de jueces en la toma de decisiones. Un acusado se convierte en acusador, su versión de los hechos es registrada con posterioridad en una máquina de mecanografía del entonces “Saturnino Lora”, tradición que se conserva en la era digital para juicios de relevancia. La disciplina se conserva, todos se ponen de pie, vuelven a tomar los asientos. 

Cinco alguaciles, un Secretario y un oficial de Secretaría, dos Magistrados, el fiscal Dr. Francisco Mendieta Hechavarría, 26 abogados defensores, un auxiliar de la defensa y tres médicos forenses, integraron las 14 vistas del proceso legal. Este se desarrolló -en el año 1953- entre el 21, 22, 24, 26, 28, 29 y 30 de septiembre, al 1ro, 2, 3, 5, 6, 16 y 23 de octubre, en el entonces Palacio de Justicia, a excepción de los dos últimos días que se realizó en el Hospital Saturnino Lora, donde fueron juzgados Fidel Castro, Abelardo Crespo y Gerardo Poll, y en la Colonia Española a Gustavo Arcos, Marinello, Luis Conte Agüero, Blas Roca y José Pardo Llada. 

En ese orden se presentaron las pruebas de confesión, se suspendió la vista el 24 de septiembre, se expuso la prueba de confesión, se inició la presentación de los cargos, la prueba de estos y la evidencia Testifical, el Informe del Fiscal y los Defensores. El líder de la Generación del Centenario no fue el único que estableció su autodefensa, también lo hicieron Ramiro Arango Alsina y Roberto García Ibáñez. 

Fidel fue el único condenado a 15 años de prisión, cuatro de sus compañeros a 13 -incluido su hermano-, a una década a 21 asaltantes, tres personas a 3 años y a Haydée Santamaría Cuadrado y a Melba Hernández Rodríguez del Rey, a siete meses de privación de libertad en la cárcel de Guanajay. Los jóvenes que habían ocupado el Palacio de Justicia eran Raúl Castro Ruz, Lester Rodríguez Pérez, Ángel Sánchez Pérez, José Ramón Martínez Álvarez, Abelardo García Ylls y Mario Darmau de la Cruz. Tocaron la puerta, neutralizaron a todos en el interior y desde el techo     -donde se ubica hoy una tarja- una ametralladora apoyaría el asalto. 

Conociendo cuál sería la sentencia, el Líder afirmó: “En cuanto a mí, sé que la cárcel será dura como no lo ha sido nunca para nadie, preñada de amenazas, de ruín y cobarde ensañamiento, pero no le temo, como no temo la furia del tirano miserable que arrancó la vida de 70 hermanos míos. Condenadme, no importa, la Historia me absolverá”. La sentencia había sido dictada, la suerte estaba echada, era el final del juicio.   

De lo acontecido en el Salón y el impacto sin precedentes que tuvo en el sistema judicial cubano hasta la actualidad, Yolanda Garbey Oliva, Juez profesional Titular del Tribunal Provincial con 31 años de experiencia, subrayó que “Fidel Castro Ruz en su tesis de defensa -alegato La Historia me Absolverá- denuncia abiertamente al régimen y al comportamiento de la justicia en Cuba durante el período. 

“A pesar de que en aquel entonces existían normas jurídicas avanzadas para su tiempo, como la Constitución de 1940 y el Código de Defensa Social o Código Penal aplicable, con una redacción novedosa y desarrollada, eran letra muerta; los preceptos que contenían no se ejecutaban como correspondía. El régimen tiránico que había fundado Fulgencio Batista con su golpe de Estado el 10 de marzo de 1952, trajo como consecuencia que mandaban quienes apoyaban al Gobierno, dígase de la policía y los órganos especializados de investigación.

“Ninguna persona puede ser presentada durante un acto de justicia -dígase de un juicio oral- esposado, sin embargo, los asaltantes sí estuvieron así en las sesiones, y Fidel fue custodiado con oficiales que portaban armas largas con bayonetas. Pese a que el juez dispuso en más de una oportunidad que les retiraran las esposas, no lo escucharon; los cuerpos de represión que tenía el dictador desobedecieron a una autoridad judicial. 

“En una ocasión el Líder Histórico de la Revolución Cubana no fue presentado en la audiencia y se utilizó un documento médico, obligando a los doctores a certificar que estaba enfermo, lo que conllevó a que lo trasladaran solo a la salita de enfermeras del Hospital Saturnino Lora. Ahí él requirió que si había temor a lo que dijese, que como abogado de profesión se defendería y que parecía que la justicia en el país estaba enferma. 

“Sin embargo, no se le trasladó a la audiencia, se terminó el juicio de manera dividida con respecto a él en la salita y a pesar de haberse aceptado que ejerciera la abogacía en su representación, se hicieron interferencias violando derechos propios. Como abogado no se le suministró ninguna norma legal para sustentar su defensa, cuando tenía derecho a una Ley de Procesos y un Código Penal o a un libro de principios o de doctrinas sobre el Derecho. Ahí es cuando enuncia que no importa, que él traía en su corazón las doctrinas del Maestro”.

Otro de los atropellos cometidos en su contra, se expresó en la vestimenta, pues Fidel pudo portar una toga gracias a que la proporcionaron simpatizantes con el Movimiento 26 de Julio. Sin duda alguna el régimen le negó todos sus derechos y garantías, no solo como abogado, sino como ciudadano cubano. Sin embargo, esto no fue un impedimento para que el letrado hiciese una presentación magistral.

Juristas como Yolanda, admiran la trayectoria del Comandante en Jefe en esta profesión, breve pero con una huella imprescindible. Desde su graduación en la Universidad de La Habana y su desempeño en el bufete gestionado por su familia en el Vedado, demostró una inteligencia prodigia. Una cultura general impecable que caracterizaría su oratoria, su arte para incursionar en cualquier temática de la vida con extrema maestría; herramientas que aplicó para enfrentar los problemas políticos, transformar y vencer. De la condena a Isla de Pinos, su salida del país y retorno en una expedición, la subida a la Sierra y la entrada triunfal el 1ro de enero de 1959.

Ese día, donde se expuso el programa de la Revolución, para la especialista tuvo un rol decisivo en los acontecimientos sucesivos, catalogándolo como “el documento más importante para caracterizar la justicia en Cuba”: además de la descripción y denuncia de las infracciones legales, dio el concepto de pueblo, refiriéndose a quienes sufrían en el país, y enunció cinco leyes que posteriormente se encargó de materializar: 

“Entendemos por pueblo, cuando hablamos de lucha, la gran masa irredenta, la que anhela una patria mejor, más digna y más justa; la que ansía grandes y sabias transformaciones en todos los órdenes, y está dispuesta a dar cuando crea suficientemente de sí misma, hasta la última gota de sangre...A ese pueblo,...no le íbamos a decir: te vamos a dar, sino ¡Aquí tienes, lucha ahora con todas tus fuerzas para que sean tuyas la libertad y la felicidad!”. 

La justicia que hoy conocemos

La obra iniciada en 1939, quedó paralizada el 5 de octubre de 1944, manteniéndose en sus cimientos hasta julio de 1950, en que fue reiniciada. El 10 de febrero de 1952, con la presencia del Presidente de la República, Carlos Prío Socarrás, personalidades del Gobierno y de la Audiencia, quedó inaugurada la majestuosa edificación civil. Anteriormente la Audiencia Provincial de Oriente o Palacio de Justicia había tenido seis sedes. 

Aún se observa que el Palacio de Justicia es una obra no culminada, se alzan cabillas donde un proyecto quedó inconcluso por el desvío de fondos públicos. Allí aconteció también la Causa 67 de 1957, por el delito contra los Poderes del Estado, de los acusados involucrados en el levantamiento armado del 30 de Noviembre en apoyo del desembarco del yate Granma. Allí se presentó la causa 633 del 57 por los asesinatos de Emilio Vistel Somodevilla, Josué País García y Salvador Pascual Salcedo. 

El fallo del Tribunal en la sentencia número 52 donde fue sancionado Carmelo Luis Prado Rodríguez como autor inmediato de un delito consumado de Triple Asesinato, calificado de alevosía, sin la concurrencia de circunstancia modificativa alguna de la responsabilidad criminal, fue de 30 años de reclusión. Tancredo Pérez Silveira resultó absuelto. Nelson Rodríguez, Fridys Guerra Rodríguez y Filiberto Torres López fueron declarados rebeldes por el Tribunal. 

Fidel estuvo de nuevo en el mismo Salón del Pleno donde fueron juzgados sus compañeros, cuando la visita del Presidente de Jamaica Michael Manley y en diciembre de 1975 durante la celebración de la Asamblea de Balance del PCC, Seccional Ciudad Escolar 26 de Julio. En la actualidad es empleado solo para actos solemnes. No en vano este edificio de tanta historia fuese declarado en julio de 1998 Monumento Nacional.

Para Yolanda Garbey Oliva, todos los casos de ese período, que fueron juzgados en la instalación, sirvieron de referencia para la evolución del sistema judicial cubano tras el triunfo revolucionario:

“Contamos con la Constitución de 2019, muy novedosa y garantista, que sirve de base a los cuerpos legislativos específicos por materia, de ahí se dictó la Ley del Código Penal o Ley 151/2022. En esta desde que usted es detenido y va a ser instruido de cargo en una unidad de la PNR o área del órgano de instrucción penal, tiene derecho a que lo asista un abogado. Si es menor de edad cuenta con más garantías porque además debe estar representado por sus padres. 

“Asimismo, las medidas cautelares de las cuales se puede ser sujeto -la de mayor rigor es la prisión provisional-, puede ser sometida por los abogados o el fiscal al control judicial. Significa que su última aprobación corre a cargo de los jueces. Contamos, además, con un Código de las Familias que no existe en muchos de los países del primer mundo.

“Por otra parte, el 23 de diciembre de 1973 surgen los Tribunales Populares, populares por la representación de los jueces lego en la impartición de la justicia, que no existía antes. Estos no son graduados en Derecho, pero por su trayectoria relevante laboral, personal y social, se eligen en los centros de trabajo y organizaciones de masas y las Asambleas correspondientes los nombran para representar al pueblo de Cuba en los tribunales, algo que no se hacía; son logros exclusivos de Cuba y la Revolución. Los sucesos de esos días sirvieron de referente para que se trazaran esas directrices. 

“Trabajar en un sitio de tanta historia compromete a todos: aguacil, auxiliar de limpieza, esfera administrativa, jueces…compromete a que quienes lo habitamos como centro laboral a hacer gala, a su cuidado y preservación”.

En el contexto del 50 Aniversario de la fundación de los Tribunales Populares y el 70 del Asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, el conocido Palacio de Justicia se somete a labores de conservación, tanto del mobiliario de la época, la pintura y la reparación de sus instalaciones, en general. Pero sin lugar a duda el mayor compromiso con la historia es aquel que ejerce su personal cada día en la impartición de justicia; reflejo de la lucha de nuestros héroes y mártires en pos al bienestar social.