Este cuenta con tres momentos importantes: la preparación de las estructuras a cargo, la aprobación de la candidatura, la celebración de las asambleas del Poder Popular y el trabajo en comisiones, integradas por representantes de la CTC -al frente, con la participación de un movimiento sindical estatal o no-, FMC, CDR, la FEEM, la FEU y la Anap, y la elección de los jueces atendiendo a los resultados de las votaciones.

En estos momentos se efectúa el levantamiento de aquellos que se van a ratificar y las demandas de nuevos de cada tribunal -teniendo en cuenta el aumento de secciones, como la Administrativa, Mercantil y la Sala de Amparo de Derechos Constitucionales-, esta relación se entrega a las organizaciones de las comisiones para efectuar las asambleas en centros de trabajo y demás organismos.

El procedimiento se efectúa cada cinco años por mandato de la Ley 140 de los tribunales. Su finalidad es respaldar la impartición de justicia con sentido popular, pues los jueces legos están en igualdad de condiciones y voto para incidir en las decisiones respecto a los diferentes casos presentados en las jurisdicciones.

Guillermo Mora Galán, presidente de la Sala de Amparo de Derechos Constitucionales del Tribunal Provincial, precisó a Sierra Maestra que los requisitos son los siguientes: ser ciudadano cubano, mayor de 18 años y de 30 para los que aspiren a integrar el Tribunal Supremo Popular; gozar de buen concepto o actitud pública ante la sociedad, y no puede ser graduado en nivel superior de Derecho, de ahí la denominación de lego, independiente a que reciba con posterioridad una preparación de la institución, sobre las actualizaciones del marco normativo de la justicia cubana: “No se buscan los elementos técnicos, sino la sabia popular en la impartición de justicia, basada en sus experiencias personales y profesionales”.

Los jueces legos reciben una remuneración salarial y tienen el mismo régimen disciplinario y ético de los profesionales; se les moviliza 30 días al año, lo cual puede prorrogarse o duplicarse en situaciones excepcionales, de forma conciliada.

La elección de estas figuras responden a la convocatoria de la Asamblea Nacional en el acuerdo 37_10; a la Constitución de la República, que en su artículo 147 establece que la función de impartir justicia emana del pueblo cubano y es ejercida por el Tribunal Supremo y el resto a su cargo en función de esto; el 152 de la Carta Magna que regula su función en el sistema judicial, de conjunto con la de los jueces profesionales.

Tambien se apoya en las leyes 140 y 146, de los Tribunales de Justicia y Militares, respectivamente, que explican, entre otros, la elección, renovación de mandato y regimen disciplinario; asi como la circular 321 y el RS de la Central de Trabajadores de Cuba, que contiene indicaciones puntuales para el procedimiento.

El Tribunal Provincial de Santiago de Cuba cuenta con alrededor de 600 jueces legos, quienes en el ano 2022 solventaron más de 4 000 asuntos de manera satisfactoria, lo cual habla del verdadero sentido popular de la impartición de justicia en el país.