Quizás usted ha sido testigo, o la necesidad lo ha llevado a ser protagonista de situaciones que están al margen de la legalidad y que involucran a quienes promueven a través de las redes sociales, en parques, centros comerciales, cajeros automáticos y otros espacios públicos, la adquisición del papel moneda con sus respectivas “tasas de interés”.

Estas transacciones que en ocasiones vemos como tabla de salvación para disponer del efectivo, impiden que el dinero entre a los bancos.

Hasta nosotros han llegado experiencias que ya no son del espacio virtual e informal, sino ocurridas en centros laborales:

Una lectora narra que cuando fue a depositar, 15 minutos antes de la hora de cierre de una sucursal del Banco de Crédito y Comercio (Bandec), “el custodio me dijo que ya estaban cerrando el sistema; le expliqué que era para honrar un crédito y otros pagos -ya que soy trabajadora por cuenta propia- cuya fecha límite era ese día, me dijo que hiciera la cola a la mañana siguiente; menos mal que la directora se percató y le indicó que me dejara entrar, la escuché reclamarle y el banco recibió 12 489 pesos…”

Una joven pareja quería depositar en un Banco Popular de Ahorro 27 000 pesos en una tarjeta magnética, “como había mucho personal, nos orientaron hacer la cola de las empresas; cuando nos tocó, la cajera alegó que esa caja no presta servicio a personas naturales. Tuvimos que marcar en la otra y ante el apremio, desinformación y la demora, encontramos a una persona que se ofreció para el cambio. El BPA dejó de ingresar este efectivo…”

En un río que se revuelve por diferentes causales aumentan los “pescadores” que ven la posibilidad de hacer negocios. En las cercanías de los cajeros automáticos hay personas con mochilas repletas de papel moneda, realizando transferencias con tasas de interés no inferiores al 10 por ciento.

De seguro usted conoce de otros ejemplos, pero estos son suficientes para ilustrar un fenómeno que se está volviendo cotidiano y que en el Código Penal dentro de las actividades económicas ilícitas, refiere al tráfico ilegal de moneda nacional, divisas, metales y piedras preciosas como delitos.

El artículo 315.1 del Código establece que quien “haga operaciones de cambio en mercados negros de monedas nacionales o extranjeras o por canales distintos a los legalmente establecidos, incurre en sanción de privación de libertad de seis meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas o ambas”.

La población debe saber que queda desprotegida cuando realiza un acto de este tipo tanto en redes sociales, áreas cercanas a los cajeros u otros contextos.

La extracción de efectivo se ha vuelto un verdadero dolor de cabeza, a pesar de los incontables esfuerzos y alternativas que el Estado busca para agilizar un proceso en el que determina el accionar de muchos organismos, el cual precisa de mayor agilidad.

Llegado este punto, recuerdo lo que, en abril de este año, Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de la República, afirmó: “la confianza del pueblo en sus representantes tiene que ser correspondida con resultados”. Las indicaciones de la dirección del país sobre este particular están definidas y tienen que asumirse con celeridad; solo así la población tendrá diferentes opciones legales para adquirir el demandado efectivo y los “pescadores” no tendrían carnadas.