La Corte Constitucional de la nación sudamericana determinó que no es necesario que el legislativo discuta dos tratados que otorgan una serie de beneficios a los estadounidenses dentro del territorio ecuatoriano.
Entre esos privilegios estarían exenciones en pagos de impuestos, amnistías, libertad de uso del espacio aéreo y terrestre, libre uso del espectro radioeléctrico ecuatoriano, porte de armas, entre otros.
Para entrar en vigor esos convenios sobre operaciones contra actividades marítimas transnacionales ilícitas y el Estatuto de las Fuerzas, solamente faltaría de la firma de un decreto ejecutivo del presidente Daniel Noboa.
Aunque fueron firmados en octubre de 2023, el pronunciamiento de los letrados coincide con la crisis de seguridad y violencia criminal que conllevó al decreto de conflicto armado interno publicado por Noboa a inicios de enero.
Esta semana el mandatario, antes de partir hacia España, se reunió con una delegación de altos funcionarios estadounidenses, incluida la jefa del Comando Sur, Laura Richardson.
La general afirmó que Washington tiene un plan de seguridad de cinco años para Ecuador, donde invertirán 93,4 millones de dólares en el sector.
Desde que se anunció la visita de Richardson y el resto de la comitiva de la Casa Blanca, el profesor universitario y experto en temas de seguridad Luis Córdova, alertó que Estados Unidos busca implementar un «Plan Ecuador» bajo el antifaz de Plan Fénix, nombre que Noboa dio durante su campaña a la estrategia para frenar el crimen.
Otros analistas y organizaciones sociales cuestionaron tanto la presencia del equipo de la Casa Blanca como la decisión de la Corte Constitucional de dar vía libre a los acuerdos, porque ceden soberanía.
Entretanto, continuaron los operativos conjuntos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que ya detuvieron a más de tres mil 800 personas.
Además, esta semana la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó un primer informe para discutir en el plenario del legislativo la posibilidad de aumentar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) con el argumento de que los fondos son necesarios para sostener la guerra contra el crimen organizado.
Sin embargo, la economista Wilma Salgado señaló en declaraciones a Radio Pichincha que con o sin declaratoria de guerra interna, el Fondo Monetario Internacional (FMI) tenía condicionado a Ecuador para subir el IVA a cambio de más recursos.