“Soy plenamente consciente de lo que esto significará para algunos franceses, pero la clave es si queremos o no salvar nuestro sistema de retiro por repartición”, dijo en declaraciones a la cadena France Inter, en un contexto de tensión social tras el anuncio el martes del contenido de la reforma.

Según Borne, la iniciativa, considerada el proyecto estrella de la gestión del presidente Emmanuel Macron, no afecta a los trabajadores más modestos, una de las denuncias de los detractores del texto, liderados por los sindicatos con el llamado a una primera jornada nacional de protestas y huelgas el 19 de enero.

El 20 por ciento de los más modestos será al que menos le pidamos trabajar más tiempo, no puedo permitir que se acuse a la reforma de castigar a esas personas, será exactamente lo contrario, esgrimió.

La extensión de la edad legal de la jubilación de 62 a 64 años, el aumento a 43 años del período de cotización a partir del 2027 y la eliminación de regímenes especiales de pensiones desataron en los últimos días críticas y convocatorias a salir a las calles por gremios y fuerzas políticas de diversos colores.

En su intervención, la primera ministra señaló que si bien asume lo complejo de convencer a los franceses sobre la necesidad del proyecto, no renunciará a hacerlo.

Mientras el Gobierno estima indispensable la reforma en respuesta al déficit creciente, desde la oposición política y los sindicatos afirman que no existe tal urgencia financiera.

Entre las críticas más frecuentes está el criterio de que el ejecutivo busca ahorrar a expensas de que las personas trabajen más tiempo.

La propia Borne manifestó que la reforma aportará casi 18 mil millones de euros para el 2030.