Estas presuntas ilícitas se unen a la imputación por terrorismo que figuraba hasta ahora en la pesquisa contra el expresidente del Comité Cívico de Santa Cruz, principal promotor de las revueltas que provocaron el 10 de noviembre de 2019 la renuncia del expresidente Evo Morales y la posterior imposición del gobierno de facto de Jeanine Áñez.

Tal decisión fue confirmada por el Juzgado Décimo de Instrucción Penal Cautelar de La Paz, donde radica el proceso por el cual Camacho permanece encarcelado preventivamente por cuatro meses en la prisión de máxima seguridad de Chonchocoro, provincia paceña de Viacha.

En Golpe de Estado I, el gobernador cruceño es investigado por su participación en la ruptura del orden constitucional en Bolivia en noviembre de 2019, la imposición de un gobierno de facto y el asesinato de 38 personas, cientos de heridos y miles de violaciones de los derechos humanos en la represión contra quienes reclamaban el restablecimiento de la democracia.

El artículo 127 del Código Penal establece que quien “sedujere tropas o usurpare el mando de ellas o retuviere ilegalmente un mando político o militar, para cometer una rebelión o una sedición, será sancionado con la mitad de la pena correspondiente al delito que trataba de perpetrar”.

Respecto a cohecho activo, el artículo 158 determina que quien “directamente o por interpuesta persona, diere o prometiere a un funcionario público o autoridad, dádivas o cualquier otra ventaja, para hacer o dejar de hacer algo relativo a sus funciones, será sancionado con la pena del Art. 145, disminuida en un tercio”.

En un video transmitido por las televisoras de Bolivia, el propio Camacho reveló que su padre, José Luis, “arregló” con mandos militares y policiales para que incumplieran la función de frenar a los grupos de choque que intentaban derrocar en 2019 al Gobierno constitucional de Morales.

Recientemente, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, anunció la ampliación de la denuncia, luego de mostrar millonarios movimientos bancarios que hizo Camacho antes, durante y después del golpe de Estado.

Según el titular, esas operaciones en su cuenta, entre el 5 de noviembre y el 7 de diciembre de 2019 ascendieron a 4,5 millones de bolivianos (más de 640 mil dólares).

El caso Golpe de Estado I quedó abierto tras una denuncia presentada por la exdiputada del Movimiento al Socialismo Lidia Patty.