Amarilis Casanova Vinajera, coordinadora del proyecto de inclusión económica para personas con discapacidad, dijo que en esta oriental provincia se han logrado incorporar al trabajo estatal, a actividades por cuenta propia y al vínculo con nuevos actores económicos a personas con diversos tipos de discapacidad, tras un proceso de preparación y capacitación que responde a las políticas cubanas de inclusión y desarrollo social de estos grupos.
En tal sentido, destacan, entre las actividades más explotadas, las relacionadas con peluquería, carpintería, reparación de calzados y bicicletas, elaboración de alimentos y otras que, además, están en correspondencia con las necesidades socioeconómicas de las comunidades donde habitan esas personas.
Según precisó a la prensa Casanova Vinajera, el proyecto de inclusión económica para las personas con discapacidad también ha permitido la entrega de kits con útiles y herramientas para realizar tales labores, así como el asesoramiento para emprender pequeños negocios o vincularse a determinadas tareas.
Precisamente, con el propósito de visibilizar y socializar esas prácticas, se efectuó recientemente, en este territorio, el primer taller de intercambio de experiencias sobre la inclusión laboral de personas con discapacidad, que desde 2008 ha propiciado el desarrollo de emprendimientos en los municipios de Bartolomé Masó, Bayamo y Manzanillo, y posteriormente en otros.
La provincia, pionera en el país en la inclusión laboral de personas con discapacidad, mediante el proyecto que apoya la organización internacional no gubernamental Handicap, las direcciones provinciales de Educación y Trabajo y Seguridad Social, y las filiales de las asociaciones nacionales de sordos, limitados físicos-motores, ciegos y débiles visuales, también impulsa ahora la inserción en nuevos escenarios económicos.
Al respecto, José Alberto Sánchez Yalin, vicepresidente de la Aclifim en Granma, dijo al periódico La Demajagua que se trata de crear una red de empresas inclusivas que incorporen a personas con discapacidad en sus plantillas de empleados.
En respuesta a esa práctica, ya 12 entidades del territorio ofrecen empleo a personas con discapacidad, quienes gestionan sus ingresos y no constituyen una carga económica para la familia ni el Estado.