Encabezado por Beatriz Johnson Urrutia, Gobernadora, el Consejo evaluó el estado del cumplimiento de los compromisos para impulsar las actividades socioeconómicas de cada municipio y de la provincia en su conjunto; los presuntos hechos delictivos; el avance en la atención a los planteamientos de los electores -enfatizando en el enfrentamiento a los precios abusivos y la especulación- así como la implementación de la nueva estructura del gobierno a esa instancia.
La apreciación de los resultados concretos de lo acometido por los presidentes de las asambleas municipales del poder popular y los intendentes en función del mejoramiento de la calidad y el nivel de vida en las comunidades más vulnerables, fue realizada por la Gobernadora que indicó “hacer más en ese sentido, priorizando a los más necesitados con un tratamiento individual y diferenciado”.
Las líneas estratégicas concebidas para el desarrollo integral del territorio fueron examinadas a tenor de los 255 compromisos para recibir el 70 aniversario del asalto al Moncada y en consecuencia “las autoridades provinciales actuarán de inmediato para revertir situaciones que atentan a su cumplimiento, principalmente en el municipio de Contramaestre que no marcha a la altura de un momento tan complejo, en el que apremian mayores y mejores resultados”.
José Ramón Monteagudo Ruiz, miembro del Comité Central del Partido y su primer secretario en la provincia, no vaciló en exhortar a “no desentenderse de los estados de opinión del pueblo pues son un termómetro de la repercusión -positiva o negativa- de la gestión de gobierno y de la inclusión protagónica del pueblo en los controles que, por mandato constitucional, hay que hacerles a las entidades, de la subordinación que sea, enclavadas en cada comunidad”.
En la sesión participaron presidentes de consejos populares y líderes de opinión de todos los municipios quienes hicieron uso de la palabra, exponiendo -a camisa quitada- los temas más candentes de la opinión pública. A decir de una presidenta de consejo popular “aunque a los problemas todos tenemos que enfrentarlos, esa es la primera tarea de los delegados, presidentes de las asambleas municipales, de los diputados, porque no podemos olvidarnos que quienes nos eligieron tiene todas las facultades para deponernos”.
El gobierno y los órganos impositores enfrentan a los malversadores
La Contraloría General de la República (CGR), las direcciones de inspección, la Policía nacional Revolucionario y el resto de los órganos -impositores y judiciales- han efectuado múltiples acciones ante presuntos delitos en el comercio, la gastronomía y los servicios -incluyendo a los de educación, cultura, comunales y salud- cuyos autores están a disposición de los tribunales aunque ya han sido objeto de sanciones administrativas.
En el municipio de Palma Soriano se han incrementado la alteración de precios, documentos e igualmente con los faltantes de productos de la canasta básica en varias bodegas (en la de la zona rural de El Paraná el daño ascendía a 102 000 pesos y en la “23 de Marzo” a 129 000). Los robos a este tipo de instalaciones también aumentan.
Los pagos indebidos, plantillas infladas, la desaparición -provocada- de nóminas e incluso “el deficiente control interno que propició que en una dependencia de la Industria Alimentaria (Alimsan) llegara a faltar nueve toneladas de harina así como azúcar, bicarbonato y otras materias primas”, aseguran fuentes de la CGR.
Se actúa de manera enérgica y se apela a que todo el peso de la ley caiga sobre aquellos que añaden -a la persecución financiera y al bloqueo comercial del que es objeto el país- más problemas a la vida del pueblo y cuyo nocivo efecto económico hecha por tierra los grandes esfuerzos que se hacen para garantizar alimentos y otros insumos. En este sentido, a decir de Johnson Urrutia “estamos en pie de guerra y nadie quedará impune”.