Asunción, 2 jun (PL) El Contralor General paraguayo, Oscar Velázquez, está hoy prácticamente a un paso de enfrentar un juicio político tras el escándalo de malversación de los fondos públicos develado en esa instancia.

Velázquez se encuentra acorralado por las denuncias del sindicato de la propia Contraloría, del gremio nacional de Abogados y los medios de prensa, que generaron una investigación de la fiscalía sobre el sonado caso.

La insólita situación originada por la comprobación de que su secretaria privada ganaba igual salario que un ministro del Gabinete o de la Corte Suprema de Justicia destapó la cadena de irregularidades conocida después.

Se conoció que otras 35 personas, incluyendo un sobrino y el suegro de su jefe político, gozaban de similares privilegios y hasta una marcha de indignados paraguayos desfiló por el centro de esta capital pidiendo su renuncia.

Velázquez no sólo se negó a dimitir sino que justificó los altos salarios por el pago de una imposible cantidad de horas extras y se abroqueló en la inmunidad otorgada por la Constitución a su cargo.

La negativa a reconocer errores y a dar un paso al costado hizo que varios legisladores anunciaran la presentación de una solicitud de juicio político al Contralor, única forma de destituirlo respetando la Carta Magna.

El diputado del gobernante Partido Colorado habló en nombre del grupo de ocho legisladores que presentará la petición esta semana en la Cámara Baja y apeló al buen juicio de Velázquez para facilitar las cosas mediante su dimisión.

Como la actitud del acusado no parece variar Durand fue contundente al afirmar que se materialice o no la imputación penal por parte del fiscal se procederá mañana a iniciar el proceso relacionado con el eventual juicio político.

Por su parte, el Senado también instó con un acuerdo en el plenario a llevar adelante ese proceso para lograr la destitución del alto funcionario.

En definitiva la situación existente en la Contraloría vino a unirse a la serie de escándalos de corrupción conocidos en las últimas semanas, incluyendo al registrado en la Policía Nacional, cuya plana mayor ya fue procesada o imputada.