El Plan del Estado cubano para el enfrentamiento al cambio climático “Tarea Vida” tiene en Santiago de Cuba dos áreas priorizadas, la Bahía santiaguera y la carretera Santiago-Granma.

Con la M.Sc. Zelma Corona Ochoa, delegada del Citma en nuestra provincia, conversamos para conocer más sobre las acciones que desarrolla el ministerio que busca proteger el medio ambiente, para garantizar la sostenibilidad de los sistemas naturales y la supervivencia de la especie humana.
“Los principales problemas que se identifican en nuestro territorio son: la degradación de los suelos con afectaciones a la cobertura forestal; deterioro de las condiciones higiénico sanitarias en asentamientos humanos y la pérdida de la diversidad biológica que se evidencia en el deterioro de los ecosistemas costeros, por mencionar algunos ejemplos.
“Nuestro trabajo, con acciones a corto, mediano y largo plazos, tiene un enfoque ecosistémico e integrador pues se concatenan consecuencias y efectos (...)”.
La delegada del Citma en Santiago de Cuba comentó que son prioridades la implementación de las normas jurídicas para respaldar el Plan de Estado; conservar, mantener y recuperar integralmente las playas arenosas priorizando las urbanizadas; asegurar la disponibilidad y el uso eficiente del agua como parte del enfrentamiento a la sequía a partir de la aplicación de tecnologías para el ahorro y la satisfacción de las demandas locales.
Asimismo dirigir la reforestación hacia la máxima protección de los suelos; conservar arrecifes coralinos; introducir en los planes de Ordenamiento Territorial los estudios de Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo, así como priorizar las medidas y acciones para elevar la percepción de riesgo y aumentar el nivel de conocimiento y el grado de participación de toda la población en el enfrentamiento al cambio climático y hacia una cultura que fomente el ahorro del líquido vital.
La Tarea Vida contempla cinco acciones estratégicas y once tareas dirigidas a contrarrestar las afectaciones en las zonas vulnerables, las mismas fueron aprobadas el 25 de abril de 2017 por el Consejo de Ministros y constituyen una prioridad para la política ambientalista del país.