Participar en la reciente visita de trabajo del vicepresidente de la República Salvador Valdés Mesa, a los nueve municipios de Santiago de Cuba, le sirvió a este reportero para entender muchas urgencias a las que se enfrenta Cuba y que van más allá de la implementación de la Ley 148, de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional (SSAN), principal objetivo del recorrido.
La dinámica reporteril no da tiempo a detenerse en un trabajo más reposado, como diría un colega, pero sí quedó suficiente “tinta” para escribir sobre temas como la resistencia al uso de los gestores para la contratación de leche y carne por las industrias de procesamiento, como ejemplos más recurrentes o la visión asistencialista de los directores de empresas respecto a productores y estructuras productivas, cuestiones que hacen daño y tienen que cambiar.
Ante la necesidad de entidades como las industrias Cárnica y Láctea de asegurar la contratación de las producciones en la base, los empresarios asumieron por válido algo que se legitimó como costumbre: la creación de comisiones compuestas por directivos subalternos y personal de todo tipo que se desplazaban en composición grupal para hacer una especie de “barrido” contratando producciones, una práctica, sin duda descalificada por el resultado que lejos de ser eficiente era despersonalizado y eximía de responsabilidad al grupo.
Para optimizar el proceso se estableció la función del Gestor de Contratos, un profesional que según el sitio web francés especializado en la materia (seraphin.legal) se encarga de “gestionar las relaciones contractuales entre la empresa de la que forma parte y sus clientes, socios y proveedores, de forma que se optimicen los beneficios de la empresa minimizando los riesgos contractuales y financieros asociados a la ejecución de los contratos y buscando oportunidades comerciales durante la fase de proyecto, así como proteger los intereses y la posición comercial de la empresa durante toda la duración del contrato”. No es difícil de entender.
No obstante fue fácil darse cuenta de que persiste la resistencia entre los directivos a disponer de los Gestores de Contrato; como expresara Valdés Mesa, prefieren seguir como “pijirigua” aunque implique la convivencia con irregularidades que repercuten en la calidad de los contratos y la consiguiente falta de compromiso de las partes.
Otra “costumbre” no deseada que detectó el equipo de trabajo del miembro del Buró Político del Partido, Salvador Valdés Mesa fue que en los debates los directivos de las empresas utilizaran expresiones como acompañar y ayudar, para referirse a sus relaciones con los proveedores de materias primas, cuando en realidad lo que median son relaciones institucionales contractuales hacia las formas productivas y los productores individuales; funciones que a decir del avezado dirigente, definen la calidad de los contratos y los resultados económicos de ambas partes.
También se observó la tendencia a que los gobiernos locales pretendan sustituir a las administraciones empresariales a la hora de tomar decisiones que repercuten en la vida social y económica de los municipios, y en sus relaciones con los demás actores económicos y la sociedad, un tema en el que quedó claro que al Gobierno lo que le corresponde es controlar, chequear y organizar para que cada institución haga lo que le toca.
Todos estos asuntos aunque parecen alejados del tema de la Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, no lo están, pues son las interioridades de las que depende la realización de las producciones en la industria, un eslabón que se encarga de agregar valor con el beneficio y conservación de los productos perecederos para su posterior distribución y consumo fuera de temporada; también implican la eficiencia y la eficacia de la toma de decisiones, una prerrogativa de los municipios que les aporta sostenibilidad como células del desarrollo económico de la provincia y el país.
