Este miércoles, 150 años después de la Constitución de Guáimaro, la Asamblea Nacional del Poder Popular sesionó para realizar el acto de proclamación de la nueva Ley de leyes de la República de Cuba.

Más de 6 000 000 de ciudadanos la aprobaron en referendo, el 24 de febrero último; luego de un proceso de consulta que generó modificaciones a casi el 60% del articulado contenido en el texto constitucional. Pero, qué es lo novedoso de esta norma, qué derechos establece (no contenidos en la de 1976)… en busca de respuestas Sierra Maestra contactó con la diputada y Vicefiscal Jefa de la provincia de Santiago de Cuba, Yoraida Núñez Bellos, quien participó en la redacción de la Constitución.

La experta comentó que entre los aportes de esta Carta Magna está el reconocimiento al Estado cubano como un estado socialista de Derecho y Justicia Social; además se reafirma la Supremacía de la Constitución y el deber de todos de cumplirla y respetarla.

Asimismo, se regula la propiedad privada con su papel complementario en la economía. A la vez que se incorporan a los trabajadores en los procesos de planificación, regulación, gestión y control de la economía.

Una de las premisas del desarrollo científico en Cuba es introducir los avances en esta esfera en los procesos productivos, comerciales y en las prestaciones sociales; pero este principio no tenía rango constitucional. La norma que entró en Vigor este 10 de abril reconoce el papel de la ciencia, la tecnología y la innovación en el desarrollo económico y social del país.

Además la Ley de leyes define a la empresa estatal como el sujeto principal en la economía y reconoce su autonomía.

Otros cambios son la modificación de nuestra afiliación a la no admisión de la doble ciudadanía y se acoge al principio de ciudadanía efectiva. También refleja los derechos reconocidos en los diferentes convenios y protocolos internacionales que Cuba ha ratificado.

La definición del la educación como Laica, la incorporación de la remuneración excepcional de los estudios de postgrado u otros complementarios y el establecimiento de derechos que en la práctica son respetados y defendidos en las políticas públicas, eran pasos necesarios, pues la Carta Magna pauta la vida de una nación y de sus instituciones. De ahí la importancia de recoger en su contenido (y con esto protegerlos) derechos fundamentales: dígase la dignidad humana como valor supremo de las personas, derechos en materia de justicia y el debido proceso, derecho al agua, a participar en la vida cultural y artística de la nación, derecho de las personas a consumir bienes y servicio de calidad, a establecer mecanismos de defensa ante los tribunales de justicia para la salvaguarda de sus derechos, el derecho de las personas a fundar una familia cualquiera que sea su forma de organización (vínculos jurídicos o de hecho entre otros).

Las garantías a la maternidad y la protección de los menores también están presentes; a la par se reconocen derechos a los padres, abuelos u otros familiares. También se conceptualiza el matrimonio sin definición de los sujetos y se reconocen las uniones de hecho.

Se amplían los derechos de niños, niñas y adolescentes (sujetos plenos de derechos); se reconoce el papel de los jóvenes en la sociedad; y se acentúa la protección y el ejercicio de los derechos por parte de las personas adultas mayores y discapacitadas.

La nueva Constitución norma el respeto y protección a los símbolos patrios; el deber de proteger la flora y la fauna; e instituye cambios en el escenario político de la nación.

En tal sentido, se propone que la dirección del Consejo de Estado sea la misma que la de la Asamblea Nacional; aparece la figura del Presidente y Vicepresidente de la República como Jefe de Estado y del Primer Ministro como jefe de gobierno; define al municipio como la unidad política primaria y fundamental de la organización nacional y le reconoce autonomía.

Además, se eliminan las Asambleas Provinciales y se constituye el Gobierno Provincial del Poder Popular; se extiende el mandato de las Asambleas Municipales del Poder Popular a 5 años y se incorpora al intendente que conduce al Consejo de la Administración Municipal.

La Constitución proclamada la víspera establece los principios de la política de Defensa y Seguridad Nacional del país y la concepción estratégica de la guerra de todo el pueblo como doctrina de la Defensa Nacional.

Esta Ley Suprema se parece a nuestro tiempo y sienta las bases del desarrollo socio- económico  que nos trazamos los cubanos para los venideros años; y ahora con su promulgación será posible actualizar el ordenamiento jurídico para atemperarlo más a la realidad económica y social.