Ante el incremento del número de pacientes en edades pediátricas con la Covid- 19, la Fiscalía General de la República de Cuba en Santiago de Cuba, y sus Oficinas de Atención al Ciudadano de conjunto con el Ministerio de Salud Pública creó un equipo de trabajo con el objetivo de investigar y determinar la responsabilidad de los padres y familiares en el contagio de los menores de edad.

Ariana Bonne Smith, vice fiscal jefe municipal de la esfera de atención al ciudadano y de protección a la familia y asuntos jurisdiccionales en Santiago de Cuba abordó un poco en este tema que hoy está latente.  

“En ese sentido hemos detectado varios casos y se han hecho las acciones correspondientes con los padres o sus representantes legales. Para ello la ley establece una sanción de privación de libertad o de multas de 100 a 300 cuotas para aquellos padres que han resultado acusados por el delito de propagación de epidemia”

Bonne Smith destacó además que el delito de propagación de epidemia aún y cuando no se cauce una afectación en la persona, o sea, es un delito de peligro por el sencillo hecho de incumplir las medidas que están implementadas, la persona acusada pudiera ser sancionada penalmente.

A pesar de la implementación de estas medidas coercitivas la intención no está en penalizar a los ciudadanos sino en evitar el contagio de los infantes y adolescentes. De ahí la sugerencia que realiza la Fiscalía a toda la familia.

“Resulta importante y muy oportuno hacer un llamado a todos los padres de aquellos menores que llevan tiempo en casa y que en ocasiones se muestran inquietos sería bueno explicarle la importancia de quedarse en casa, que se dediquen a realizar labores de estudio es decir darle actividades en el hogar”

El trabajo asumido por la Fiscalía General  de la República de Cuba en Santiago de Cuba por estos días tiene como principal basamento la representación y defensa de los derechos de la niñez y la infancia en Cuba, tanto en la Constitución de la República, el Código Penal y Civil brindan especial protección a los menores de edad en correspondencia a lo planteado en la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y los Adolescentes.

 Porque la garantía de salud al bienestar, a crecer en un ambiente sano y libre de enfermedad constituyen algunos de los principales beneficios que tienen los menores en nuestra sociedad.