Llevamos 60 años hablando de bloqueo; y la mayoría de la población cubana actual creció escuchando y viviendo en carne propia los efectos de esa política que en 1962 se oficializó en Estados Unidos como un decreto presidencial, y que ha ido transformándose y consolidándose.

Y, hay que admitirlo, para muchos el asunto es tedioso, a tal punto que algunos afirman que hace más daño el “bloqueo interno”, término frecuente ante el burocratismo, la incompetencia y mal servicio de algunas instituciones; ante regulaciones que limitan el auge de actividades muy lucrativas, cuyo desarrollo ahondaría las sustanciales diferencias económicas que ya se perfilan entre un sector de la sociedad y la mayoría. Pero esa es otra historia.

El punto es que, amén de los criterios que sobre este tema cada quien pueda tener, el atraso económico y las carencias a causa del bloqueo de Estados Unidos es un problema real al que, para colmo, la actual administración norteamericana le ha encontrado “un territorio virgen”.

La activación del Título III de la Ley Helms-Burton es la carta que Donald Trump se ha sacado de la manga para avanzar en el propósito de poner fin a la Revolución y al socialismo en Cuba. Pero qué dice ese título, de qué modo afecta a los cubanos y por qué este hombre ha abierto la caja de Pandora que durante 23 años han evitado tocar otros presidentes –incluyéndolo a él en 2017 y 2018-.

Sobre estas cuestiones, Sierra Maestra consultó a Roberto Rodríguez, profesor de la Escuela Provincial del Partido Hermanos Marañón.

La Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubanas (Helms-Burton) tiene cuatro títulos. Resume Rodríguez que el primero está dirigido a fortalecer las sanciones a la Isla y a convertir el bloqueo en una política de obligatorio cumplimiento a nivel mundial; se opone a la inclusión de Cuba en las instituciones financieras internacionales y faculta al Presidente para apoyar material y financieramente a los grupos que supuestamente trabajan para la democratización de la sociedad, que no es más que la contrarrevolución cubana.

El segundo título Ayuda a una Cuba libre e independiente, “fija un esquema de la organi¬zación política, económica y social que deberá ser implementada en Cuba, tras la caída del poder revolucionario. Y llega a tal punto la aberrante vocación injerencista de esta norma jurídica, que estipula la designación de un Procónsul es-tadounidense en Cuba, para controlar la implementación de esta ley y rectorar el desmantelamiento de las estructuras política y social actuales, durante un llamado periodo de transición. Además, establece que el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba sólo podría suprimirse, cuando se devuelvan las propiedades a antiguos dueños o se indemnice a estos”, explicó el especialista.

El Título III Protección de los derechos de propiedad de los nacionales estadounidenses tipifica como “tráfico” el desarrollo de operaciones económicas con recursos que fueron nacionalizados y que el gobierno de Estados Unidos pretende mostrar como propiedad de ciudadanos norteamericanos. En este sentido, en su sección 302 califica la responsabilidad por tráfico, en la que supuestamente incurre “...toda persona que al término de un periodo de tres meses contados a partir de la fecha de entrada en vigor de este título trafique con propiedades confiscadas por el gobierno cubano...”; y más adelante añade que “será responsable ante todo nacional de los EEUU que sea titular de una reclamación sobre dicha propiedad por perjuicio monetario...”.

He ahí la punta de lanza que utiliza Trump para recrudecer el hostigamiento económico a las y los cubanos; pues estos términos y en general todo el Título, ponen serias barreras al desarrollo de la inversión extranjera en Cuba.

El profesor Rodríguez significó el hecho de que no solo se trata de intimidar y ahuyentar a quienes deseen invertir en territorio cubano o a quienes ya lo han hecho; sino que su esencia es “devolver” a los descendientes de antiguos propietarios, los medios de producción fundamentales que en la Cuba socialista pertenecen al Estado. Esto no se trata de “hacer justicia con bienes expropiados”, que fueron debidamente nacionalizados, con apego a la ley cubana y a normas internacionales; sino que obedece a un principio básico: despojar al Estado de la propiedad sobre los medios fundamentales de producción es el paso más importante para instaurar el capitalismo.

En el cuarto título, se deniega el otorgamiento de visa para entrar a Estados Unidos a todos los “que trafiquen” con propiedades norteamericanas y en esta sanción se incluye a las familias de estas personas. Esto ha servido para presionar e intimidar a inversionistas extranjeros en algunas ocasiones para forzarlos a retirarse de la Isla o a desestimar proyectos conjuntos.

Además, su contenido faculta a los norteamericanos a presentar demandas en tribunales de su país contra personas o compañías con intereses económicos en propiedades nacionalizadas por el gobierno cubano.

No hace falta mucha pericia en temas de política para comprender que la activación de la Ley Helms-Burton es la mano de hierro para castigar a quienes intenten establecer relaciones económicas con Cuba; es el empeño de causar hambre, escasez y crisis y generar descontento en Cuba hacia el gobierno. Es estrangular al pueblo, para ver si así estrangulan por fin a la Revolución que hace 60 años sacó a este país de una miseria humana y económica.

Quienes repiten que el socialismo solo distribuye pobreza; quienes vienen con los ojos llenos de maravillas del exterior y olvidan por eso las maravillas de aquí que por comunes algunos no aprecian; podrán seguir pensando que al hablar del bloqueo –el de verdad, duro y crudo- se está repitiendo una vieja canción.

Ojalá seamos más los que, a la hora de sopesar los pros y los contras, sigamos viendo de este lado del cerco un montón de razones para sostener este proyecto social imperfecto que, con luces y sombras, sigue apostando por los seres humanos.