Desde 1983 la protección de los consumidores tienen su día en el calendario, instituido así por la Organización de Naciones Unidas (ONU) con el fin de salvaguardar los derechos a productos y servicios, a ser informados, a elegir, a ser compensados en caso de una violación, entre otros.

A partir del 15 de marzo de ese año se abría un nuevo capítulo en la protección de consumidores contra los abusos y flagelaciones impuestas por quienes deben brindar servicios de calidad, resguardándose en el respeto a los demás. Y hoy, cuando aún el tema tiene “mucha tela por donde cortar”, en el caso de Cuba se exploran vías para lograr tal fin.

Ejemplo de ello es la Resolución No. 54 del Ministerio de Comercio Interior, la cual reúne en sí misma un grupo de normativas dispersas y aparentemente “desconocidas” por los encargados de hacerlas cumplir así como por la ciudadanía que exige sus derechos a diario.

La Resolución, que se pretende convertir en una futura Ley de Protección al Consumidor explora -desde la actualidad nacional- las normas jurídicas que le dieron origen, algunas desde fecha tan temprana en el proceso revolucionario, como la Ley No. 697 del 1960, la cual establecía límites al precio de algunos productos que debido a la especulación del momento, entraban en alza.

Luego, con pocos años de diferencia se sucedieron regulaciones que normaban el papel del Mincin con la atención al tema de la protección al consumidor. Hasta que finalmente y como resultado de la implementación paulatina de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, aprobados en el VI Congreso del Partido Comunista; se consolida una intención política que debe tener como finalidad la promulgación de una Ley cumplible y cumplida por todos, porque este sensible asunto debe ser tópico de todos los días.