En reunión de trabajo realizada en esta ciudad, profesionales y directivos del sistema judicial de Santiago de Cuba evaluaron los resultados de su desempeño durante 2017, analizaron las proyecciones de su labor para el presente año y propusieron mecanismos para optimizar la impartición de justicia en la provincia.

En la sesión trascendió que durante el período señalado la gestión de la calidad del sistema de Tribunales Populares en el territorio ha presentado avances en tópicos como el cumplimiento de los términos y la pertinencia en el manejo de los procesos. En este sentido, la presidenta del Tribunal Popular Provincial, Yipsi Pedreira Rodríguez, calificó de adecuada la solución de asuntos en las diferentes  materias:

“Se ha garantizado la celeridad en la solución de los procesos, y aún en los casos en que así no ha sido, la demora ha estado debidamente justificada y se le ha dado el tratamiento debido.  “Igualmente hemos alcanzado mayor acierto en las decisiones judiciales, visto a partir del resultado de los recursos de apelación y casación y hemos logrado una mayor celeridad en la ejecución de esos fallos judiciales.”

El año 2018, a decir Pedreira, estará marcado por el imperativo de cumplir las recomendaciones realizadas a los órganos jurisdiccionales en el más reciente período de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

“Nuestras proyecciones de trabajo se dirigen a completar la plantilla de recursos humanos, pues la falta de personal hace que se duplique la carga de trabajo sobre los jueces, secretarios y demás empleados del sistema. Es preciso fortalecer la gestión de la calidad que se traduce en una mayor efectividad y transparencia  de la justicia que hacemos; cumplir los lineamientos de la política económica y social del Partido y los objetivos de la primera Conferencia;reforzar los principios éticos –aspecto primordial para la actuación del personal que labora en la impartición de justicia-; ejecutar las estrategias de preparación profesional; y materializar el programa de Puertas abiertas, fundamentalmente para estudiantes de Derecho, que hará del tribunal un espacio fundamental para su formación”, añadió.

Otra de las prioridades para 2018 es perfeccionar los mecanismos para el cumplimiento de la instrucción 235 en relación con las personas en situación derebeldía, lo que significa impunidad porque todavía no han sido juzgadas.

En el período que se evalúa, se tramitaron más de 13 000 asuntos en los tribunales santiagueros, lo que a decir del Presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, constituye un volumen importante de trabajo para el sistema judicial local. En este sentido sobresale el Tribunal municipal de Santiago de Cuba, que es el de mayor radicación en el país y, si bien tiene mucho por mejorar, es  alentador que logra un resultado positivo en la solución de asuntos.

Explicó la titular que, a partir de esta realidad, su equipo de trabajo propone la adecuación de las estructuras judiciales a partir de la elevada complejidad del municipio cabecera.

Tras analizar las deficiencias y evaluar la labor en cada materia judicial, el presidente del Tribunal Supremo Popular valoró que “los Tribunales santiagueros han avanzado en indicadores de calidad como la prontitud en la solución de los casos, el respeto de los derechos de los ciudadanos y de las garantías  de la ley de todas las personas que participan en los procesos judiciales y los procedimientos establecidos; en la emisión de sentencias justas, debidamente fundamentadas y basadas en la realidad del territorio; y en el cumplimiento oportuno de las decisiones judiciales.”

No obstante enfatizó en que todavía puede hacerse mucho más por el fortalecimiento de la institucionalidad y la disciplina social en la provincia, desde la labor del sistema judicial.

Con más de 400 trabajadores, el sistema de tribunales cuenta con nueve tribunales municipales, siete salas provinciales, tres de estas en función penal, una sala de ejecución, una sala civil, una sala de lo laboral y una sala de lo económico. En estas instancias se realizan para viabilizar la labor de los profesionales, mediante la informatización de los procesos. De ahí que una de las premisas para el presente período sea afianzar el uso de las tecnologías en función de la actividad judicial, con la entrega de computadoras, tablets y otros dispositivos a los equipos de trabajo y directivos.