Partiendo de la difícil situación con la escasez de agua que atraviesa el archipiélago cubano, diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular de las provincias de Guantánamo y Santiago de Cuba, discutieron el Proyecto de Ley de Aguas Terrestres, primera de su tipo en el país después del triunfo revolucionario.

En el encuentro, que tuvo como escenario el Salón de los Vitrales de la Plaza de la Revolución Antonio Maceo, de Santiago de Cuba, sobresalió la necesidad de un mejor uso y conservación de ese recurso natural –renovable y finito– que según refleja la Constitución de la República es de propiedad Socialista de todo el pueblo, las medidas preventivas para la reducción de desastres ante fenómenos hidrometeorológicos y la adaptación a los sistemas terrestres.

Las opiniones sobre el proyecto, que finalmente será considerado en un Período de Sesiones de la Asamblea Nacional, estuvieron dirigidas principalmente hacia el cambio de términos y esclarecimiento de conceptos, además de importantes sugerencias respecto al grupo de organismos responsables de su posterior cumplimiento una vez aprobado.

José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, junto a especialistas del Instituto Nacional de  Recursos Hidráulicos, destacó la alta implicación que tiene toda la ciudadanía en el cuidado y protección de los recursos naturales, para el sostén de la vida en la Tierra.

Beatriz Jhonson, presidenta del Gobierno en Santiago de Cuba, insistió en la revisión de los artículos comprendidos dentro del Capítulo IV, relacionados con los órganos locales del Poder Popular, y las responsabilidades conferidas a estos en relación con la gestión de las aguas terrestres, teniendo en cuenta la real infraestructura con que cuentan para asumir determinadas tareas.

La nueva ley pretende regular la gestión integrada y sostenible de las aguas terrestres –dentro de la corteza o encima de ella– independientemente de su composición física, química o bacteriológica, en el espacio que conforma la parte emergida del territorio nacional limitado por la línea de costa.

De ahí la importancia que le confiere al proceso de evaluación, planificación, uso y protección coordinada de ese elemento, la tierra y recursos relacionados, para maximizar el bienestar económico y social, sin comprometer la salud o conservación de los ecosistemas vitales.

El Consejo de Ministros ha ejercido la iniciativa legislativa, y la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, de conjunto con la Comisión de Industria, Construcciones y Energía de la Asamblea Nacional, y cuentan para su trabajo con el apoyo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) y demás instituciones implicadas en el contenido del proyecto.

Prosigue a este análisis un recorrido por el resto de las provincias para discutir el contenido del proyecto en sesión ampliada de diputados y demás especialistas.