Madrid, 4 jun (PL) Un acuerdo internacional de comercio de servicios (TISA, por sus siglas en inglés), en negociación, quiere supeditar los gobiernos a las empresas, incluso cuando legislen por intereses sociales, según revelaciones de Wikileaks difundidas hoy.

La publicación digital Público asegura que tiene en su poder actas de las conversaciones secretas sobre el tema, entregadas por su condición de asociado periodístico de Wikileaks, junto a varios periódicos de otros países.

Al respecto aclara que los documentos del TISA que hoy negocian 50 países con absoluta opacidad prueban que el acuerdo servirá para restar aún más poder normativo a los estados, en detrimento de las empresas prestadoras de servicios.

El texto -agrega- establece que el tratado afectará todos los niveles de regulación, de los gobiernos centrales a los ayuntamientos, pasando por las comunidades autónomas e incluso por los colegios profesionales.

De ser ratificado el proyecto, según el análisis de Público, los gobiernos elegidos de forma democrática deberán avisar al resto de países firmantes y por ende a las multinacionales de las normativas que pretendan aprobar.

Según el análisis, esto permitirá a las empresas anticiparse a cambios normativos y presionar directamente a los gobiernos pidiéndoles explicaciones que estos estarán obligados a facilitarles por escrito, influyendo así sobre su capacidad legislativa.

Apunta que el documento pretende obligar a los gobiernos a asegurar su imparcialidad al conceder licencias para prestar servicios a las empresas extranjeras y deja de lado otras razones sociales, medioambientales o culturales.

Una de las propuestas de Estados Unidos y Australia, asegura, deja la puerta abierta a que estados y empresas diriman sus diferencias en tribunales de arbitraje.

Público indica que el análisis de los documentos sobre el acuerdo demuestra que han sido redactados desde la óptica neoliberal, y persiguen establecer el marco de desregulación que demandan las multinacionales.

Agrega que el acuerdo no sólo se negocia en el más absoluto secreto sino se pretende siga oculto al conocimiento público durante otros cinco años cuando ya haya entrado en vigor y esté condicionando el 68,2 por ciento del comercio mundial de servicios.