El mandatario dijo que confía en que sea rechazado un pedido de asilo de Hinostroza, quien alega ser 'perseguido político', lo que carece de fundamento pues la acusación que tiene aquí 'no es un tema político' y el Gobierno está haciendo todos los esfuerzos para lograr la expulsión de Hinostroza lo antes posible.

Esa es la misión de un funcionario de la cancillería peruana y dos oficiales de policía enviados a Madrid. 'Nos tenemos que ajustar a las leyes españolas', indicó.

Vizcarra pidió al Ministerio Público y al Poder Judicial que extiendan la orden de detención de Hinostroza, arrestado preliminarmente por 10 días, plazo en el cual Perú debe enviar ese y otros elementos para iniciar un proceso de extradición, según indicó Interpol-España a Interpol-Perú al informar de la captura.

El Ministerio Público, a su vez, informó de otro paso en esa dirección y precisó que ha enviado al Poder Judicial la acusación constitucional contra Hinostroza por diversos delitos, el más grave el de pertenencia a una organización criminal.

El presidente peruano aseguró de otro lado que serán castigados ejemplarmente los involucrados en la fuga del exjuez, quien atravesó el control fronterizo a Ecuador -de donde siguió a Europa- sin problemas pese a que en los puestos migratorios había una alerta para que no saliera.

Según la versión oficial la funcionaria que selló el pasaporte de Hinostroza, Yhenifferd Bustamante, solo simuló la verificación, pues la salida del fugitivo, el 7 de octubre, no está registrada en el sistema.

El Gobierno asumió la responsabilidad política, por la que dio de baja al ministro del Interior, Mauro Medina, aunque tanto el ejecutivo como diversos juristas señalan que también son responsables el parlamento y el Ministerio Público.

Explican que el Congreso de la República, bajo mayoría del partido neoliberal opositor Fuerza Popular (FP), demoró en trasladar los documentos de la acusación formulada por el órgano legislativo contra Hinostroza, dándole tiempo para organizar su escape antes que ls fiscalía pida su detención al poder judicial.

Además, el fiscal de la nación y jefe del Ministerio Público, Pedro Chávarry, afín a FP, tampoco reclamó por la demora ni tomó medidas, como le correspondía, y solo después del escape declinó la responsabilidad y la trasladó al fiscal supremo, Pablo Sánchez.

El cese de Chávarry es reclamado por amplio sectores, incluyendo el Gobierno, la mayoría de los partidos y la sociedad civil, desde antes de asumir el cargo, en julio pasado, por sus contactos con Hinostroza y por haberlos negado en falso, pero FP usa su mayoría legislativa para impedir su destitución por el Congreso.