De ser aprobada le prohibiría a la Comisión de la Verdad y a la Justicia Especial de Paz (JEP) acceder a expedientes relacionados con operaciones militares, estatales, de inteligencia y contrainteligencia relacionadas con el conflicto armado.

A juicio del padre jesuita Francisco de Roux, tal normativa violaría los derechos de las víctimas de la guerra y de la sociedad colombiana en general de conocer la verdad de lo sucedido.

Considera, además, que sería un acto inconstitucional, teniendo en cuenta las facultades otorgadas por la Corte Constitucional a la Comisión de la Verdad, a la JEP, al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y a la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

De Roux insistió que la Comisión necesita acceder a todos los documentos para construir la verdad del país, lo que se haría bajo estricta confidencialidad y sin el ánimo de ser usados en procesos judiciales.

La Comisión de la Verdad fue creada tras el Acuerdo de Paz negociado en La Habana entre el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y la exguerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo.

A diferencia de la JEP, la Comisión de la Verdad no tiene una función judicial.