Lima, 31 jul (PL) Penas de cárcel de tres a 17 años y una reparación de más de 31 millones 400 mil dólares pidieron los acusadores en el juicio contra un grupo de acusados de cobrar sobornos por indultos presidenciales.

El proceso, para muchos, tiene como protagonista ausente al expresidente Alan García, firmante de miles de indultos en su último gobierno (2006-11), entre ellos centenares que beneficiaron a narcotraficantes de alta peligrosidad.

El exgobernante y sus defensores alegan que como presidente García solo otorgaba los perdones basado en los informes de sus colaboradores y el ejercicio de la gracia presidencial no tiene límites ni implica responsabilidades penales.

El juicio continuó hoy con los alegatos del fiscal, Walter Delgado, y el procurador Anticorrupción, Joel Segura, que enfocaron sus intervenciones en el preso Miguel Facundo Chinguel, quien presidía la comisión calificadora y tiene una vieja relación con García y arriesga una condena de 17 años de cárcel.

Delgado señaló que la comisión presidida por Chinguel se burló de la lucha de la justicia contra el narcotráfico y otorgó conmutaciones más que ningún otro gobierno.

García tiene pendiente una acusación constitucional por incumplir la carta magna al desacatar el deber de combatir el narcotráfico e incumplir la obligación de respetar los fallos judiciales .

Señaló que la llamada comisión de gracias presidenciales demoraba solo 50 segundos en aprobar cada indulto a favor de narcotraficantes, tras alterar los expedientes, sin control ni fiscalización.

"Chinguel vendió sus atribuciones de recomendar indultos", aseveró Delgado, al señalar que se trata de un caso de corrupción en favor del narcotráfico, pues 882 perdones fueron otorgados a criminales autores de ese delito en su modalidad agravada.

El procurador Segura pidió que los 14 acusados paguen 100 millones de soles (más de 31 millones 400 mil dólares) como reparación al Estado.

Delgado señaló que Chinguel y sus cómplices conformaron una organización criminal y cometieron los delitos de asociación para delinquir y cohecho.

Al defender las reducciones de penas, García sostiene que lo hizo ante la sobrepoblación de las cárceles y para dar una nueva oportunidad a supuestos traficantes de poca monta, aunque tras su gobierno la población penitenciaria aumentó.