Mientras Fuerza Popular (FP), partido de Keiko Fujimori, mantiene firme la intención de aplicarle la vacancia sumaria al mandatario para que asuma el primer vicepresidente, Martín Vizcarra, el gobierno y su pequeña bancada parlamentaria delinean la estrategia de defensa, a dos días de las definiciones.
Para FP, es suficiente para destituir a Kuczynski su admisión de que su empresa de consultoría y gestión financiera, Westfield, dio servicios a Odebrecht y él recibió dividendos por ello, bajo el gobierno de Alejandro Toledo, del que era ministro, aun cuando alega que no gestionó directamente el negocio.
El exfiscal Avelino Guillén y algunos congresistas señalan que si probara con documentos que no participó directamente en esos contratos, Kuczynski tendría una posibilidad de salir bien librado, lo que requiere de análisis y verificación de evidencias y más de una sesión congresal como la citada para el jueves.
El jurista compartió así uno de los argumentos centrales del gobierno, en el sentido de que un asunto tan grave como la defenestración de un gobernante no se debe decidir en forma tan rápida, aun cuando así lo establezca la legislación, pues esta no puede prevalecer sobre el derecho constitucional al debido proceso.
La bancada de FP y grupos menores que la secundan plantean a su vez que la vacancia es un juicio político en el que no caben procedimientos judiciales y solo cuenta la convicción de que el mandatario está o no moralmente incapacitado para seguir gobernando y los votos por una u otra opción.
Los argumentos políticos contra el mandatario señalan que su continuidad en el gobierno no sería viable si se libra de la vacancia, porque a su debilidad por no tener mayoría parlamentaria suma el descrédito de las acusaciones en su contra.
Tampoco hay certeza que Vizcarra tenga estabilidad, por lo que el fujimorismo y sectores afines le demandan una concertación con FP y hasta un 'gobierno de ancha base', lo que puede significar su sometimiento al partido hegemónico en el Legislativo.
Desde el gobierno, el alegato político consiste en sostener que Kuczynski no incurrió en corrupción, que los hechos cuestionables datan de hace más de una década y solo fueron errores o descuidos.
Esa defensa sostiene que tales yerros no configuran incapacidad moral permanente que justifique la destitución y que el empeño del fujimorismo por destituirlo constituye en realidad una venganza por su ajustada derrota electoral del año pasado.
El pequeño y gobernante partido Peruanos por el Kambio llamó anoche a impedir el 'golpe fujimorista', asumiento una causa de fuerzas progresistas que consideran que la vacancia es solo una pieza en la estrategia fujimorista de extender su poder congresal al control del sistema de justicia y todo el aparato estatal, aunque le reprochan al gobierno haber sido conciliador y permisivo ante ello.
Grupos ciudadanos que denuncian una conjura fujimorista, realizaron una marcha contra la misma, sin defender a Kuczynski de la vacancia, pues consideran que ha sido permisivo y ha buscado conciliaciar con el fujimorismo, sin enfrentarlo.
El ministro de Vivienda, Carlos Bruce, argumentó que la defenestración sumaria del presidente generaría incertidumbre y mostraría a Perú como un país no confiable jurídicamente, aunque el fujimorismo sostiene que la celeridad es necesaria para impedir que se agrave la zozobra económica que afirma ya existe.
Lo discrecional de la causal de 'incapacidad moral permanente' es materia de una discusión jurídico-política paralela, en la que terció, al llamar a un diálogo que tenga en cuenta el interés nacional y no el particular, el presidente de la Conferencia Episcopal Católica, monseñor Norberto Strotmann.
Strotmann señaló que no existe esa causal, pues tendría que demostrarse, por ejemplo, que el mandatario tiene un problema psicológico que le impide gobernar con moralidad, lo que es difícil de probar.
Entretanto, en los pasillos del parlamento la prensa hace cuentas sobre la posibilidad de que la vacancia logre los votos de dos tercios del total de congresistas, es decir 87 sobre 130.
Un televisora indicó que la vacancia tendría seguros 70 votos del fujimorismo, tres de cinco de su aliado, el Partido Aprista, diez del progresista Frente Amplio y dos de independientes, lo que arroja un total de 85 votos, insuficiente para desalojar a Kuczynski.
La meta para los partidarios de la vacancia está muy cerca, pues en ninguna de las bancadas hay unanimidad, aunque no se descarta un resultado sorpresivo, lo que da pie a rumores de que el gobierno negociaría el apoyo o la abstención de legisladores inclusive fujimoristas.
Legisladores de FP afirmaron, sin pruebas, que el gobierno, para ganar o neutralizar votos fujimoristas, habría ofrecido indultar al padre de Keiko Fujimori, Alberto, preso por crímenes de lesa humanidad y corrupción.