Lima, 16 dic (PL) Un dictamen parlamentario preliminar que cesa a un juez del Tribunal Constitucional y suspende a otros tres generó hoy denuncias de que es parte de una ofensiva derechista para neutralizar y controlar a esa instancia judicial.
La decisión fue adoptada por la subcomisión de Acusaciones Constitucionales, con los votos de las bancadas de los aliados neoliberales Fuerza Popular (FP), que encabeza Keiko Fujimori, y el Partido Aprista, del exgobernante Alan García, pese a la oposición de legisladores de centro y de izquierda.
El fallo está pendiente de su ratificación en las próximas semanas por la Comisión Permanente del Congreso y por el pleno legislativo, ambos controlados por la mayoría fujimorista.
Esa correlación de fuerzas parece asegurar la destitución del magistrado Eloy Espinoza y su inhabilitación para funciones públicas por diez años y la suspensión por 30 días de Mariella Ledesma, Manuel Miranda y Carlos Ramos.
Los magistrados son acusados de haber corregido en marzo último un error en la votación de un fallo que facilitaba la prescripción de un juicio a un grupo de exmarinos por la matanza de más de 110 presos acusados de terrorismo en la isla penal El Frontón, en 1986.
El juez Espinoza rechazó el fallo inicial y señaló que los magistrados pueden ser criticados por sus fallos y estos pueden apelarse, pero de ninguna manera pueden ser sancionados por lo que dictaminen, porque se debe respetar su independencia.
'Me preocupa que el Congreso de mi país tome decisiones que interfieren claramente en la independencia de los jueces', apuntó Ledesma.
El abogado de los jueces, Walter Albán, señaló que el Tribunal Constitución ha quedado paralizado, al quedar con solo seis miembros, pues deben ser siete para funcionar, y ahora FP se apresta a nombrar al reemplazante y controlar la corte, por contar con la anuencia de los tres no sancionados.
La parlamentaria progresista Marisa Glave comparó la situación con la de hace dos décacas, cuando el entonces gobernante y hoy preso Alberto Fujimori usó su mayoría legislativa para destituir a tres jueces constitucionales que negaban legalidad a su segunda reelección.
'Hoy vuelven a la carga. En momentos como este, pese a la crisis y tensión política que vivimos, toca sacar fuerza para seguir defendiendo la institucionalidad democrática·, añadió Glave.
Los críticos de la arremetida contra el TC y de un paralelo proceso para destituir al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, apunta al pleno control del aparato estatal y al objetivo de proteger a la líder de FP. Keiko Fujimori, de las investigaciones que tiene por posible lavado de activos.