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Denuncian tácticas dilatorias en procesos judiciales en Guatemala

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Guatemala, 13 nov (PL) La frecuente presentación de amparos por parte de abogados defensores y la lentitud de los jueces aparecen como obstáculos principales en los procesos de alto impacto sobre corrupción en Guatemala, advirtió hoy aquí la organización Human Rights Watch (HRW).

Daniel Wilkinson, director ejecutivo adjunto para las Américas de HRW, señaló que el país atraviesa un momento crítico en la lucha contra la impunidad, al presentar un informe que evalúa varios casos ventilados por la justicia, entre ellos el del expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015) y su exvicepresidenta Roxana Baldetti, conocido como La Línea.

'Carrera contra el tiempo: Cómo el poder judicial de Guatemala pone en riesgo la lucha contra la impunidad', es el título del documento de 59 páginas que documenta un patrón de demoras reiteradas e injustificadas en procesos penales iniciados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público (MP).

Entre ellos, cita al connotado caso de defraudación aduanera La Línea, pues Pérez renunció en septiembre de 2015 y fue encarcelado provisionalmente, pero sólo en octubre pasado se logró adelantar la petición de enjuiciamiento después de una espera por dos años.

De acuerdo con la fuente, otra preocupación es que existan acciones sistemáticas para prolongar los casos debido a los plazos cercanos para el fin de la misión de la Cicig, en septiembre de 2019, y del mandato de la fiscal general Thelma Aldana, en mayo próximo.

Aldana ha manifestado su intención de no postularse nuevamente en el cargo y recientemente se mostró partidaria de prorrogar la presencia de la Cicig, pero no porque la justicia guatemalteca sea débil, 'sino porque las estructuras criminales en Guatemala son poderosas y no las hemos derrotado', señaló.

HRW también refirió procesos legales por crímenes durante la guerra civil (1960-1996), como el caso por genocidio contra el exdictador Efraín Ríos Montt.

'Tras superar la decisión del presidente Jimmy Morales y del Congreso para sabotear su labor, la Cicig debe lidiar en la actualidad con un poder judicial cuyas fallas podrían impedir que se juzguen los casos más importantes del país', indicó el experto.

Human Rights Watch analizó exhaustivamente los expedientes y procesos penales en ocho casos de alto perfil, y entrevistó a decenas de jueces, fiscales, abogados e investigadores de la Comisión contra la Impunidad.

Además, señaló que los jueces y otros funcionarios judiciales, incluyendo magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad, se tardan demasiado en fijar audiencias o resolver recursos.

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