En las conclusiones preliminares, el experto hizo recomendaciones de mejorar la gobernanza en función de la transparencia fiscal y financiera, unido a una legislación clara y sólida sobre los conflictos de intereses que aseguren la autonomía e independencia de los supervisores sectoriales.
En este sentido, sugirió un sistema más participativo y nítido para el nombramiento de jueces, basado en el mérito, como forma de garantizar la autonomía del Órgano Judicial, lo que consideró crucial.
La reducción de la pobreza de 26,2 a 18,7 por ciento en el período de 2008-2014 lo reconoció el analista, quien lo consideró es fruto del crecimiento sostenido a partir de administrar el Canal, y se pronostica un promedio anual de 5,5 por ciento de incremento en los años venideros.
Pero lo contrastó con la estratificación de los ingresos mediante una 'profunda desigualdad y exclusión' en lo que anecdóticamente llamó los 'cuatro Panamás': un pequeño grupo urbano rico y otro mayor pobre, 'el Panamá rural más pobre, y un grupo indígena con la peor situación'.
Fueron también señalamientos del informe las afectaciones a los derechos humanos y al impacto ambiental de inversiones, entre las que ejemplificó hidroeléctricas, como la de Barro Blanco, que generó un conflicto entre originarios y gobierno por afectaciones humanas y al medioambiente.
Esta evaluación, realizada como consecuencia del escándalo Papeles de Panamá, se presentará en la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo de 2018, en Ginebra, donde el Gobierno del Istmo tiene la opción de presentar sus consideraciones al respecto.
Bohoslavsky señaló que para detener el 'colosal fraude global' de la evasión impositiva de los grandes capitales privados no declarados, hay que eliminar las compañías ficticias y cuentas anónimas, con la imposición de declarar públicamente la información del beneficiario final de todo tipo de entidades, sin distinción.
Superar lo que denominó 'la economía en las sombras', en su criterio requiere, además, del intercambio automático de información fiscal mundial y el establecimiento a través de un mandato legal de informes, en cada país, de las corporaciones transnacionales, incluidos activos, ingresos, utilidades y otros.