Nuestra expectativa es que él reafirme su inocencia, subrayó Costa, uno de los alrededor de 50 legisladores que se espera estén este miércoles en la capital paranaense para participar en el acto de respaldo a Lula organizado por los movimientos sociales.

Jandira Feghali, diputada federal del Partido Comunista de Brasil y quien también estará en Curitiba, enfatizó por su parte en declaraciones difundidas por la Red Brasil Actual que el clima de confrontacón creado en torno a Lula y Moro fue provocado por la propia persecusión de que es objeto el ex presidente por los fiscales de Lava Jato.

Llegamos a este punto por la actitud selectiva del Poder Judicial y particularmente del juez Moro contra Lula, dijo; y remarcó que por eso existe ese grado de radicalización de la sociedad, generado por la persecución política contra el fundador del Partido de los Trabajadores.

Feghali manifestó asimismo que Lula tiene derecho a ser candidato en las elecciones presidenciales de 2018. Si va a ser electo o no, lo decidirá el pueblo; pero impedirle (por la vía judicial) que sea aspirante, sin ninguna prueba, resulta inaceptable, aseveró.

La víspera, el Tribunal Federal de la Cuarta Región de Curitiba rechazó el pedido de habeas corpus formulado por la defensa de Lula para suspender el proceso, ante la imposibilidad de analizar los documentos que fueron agregados a la causa por vía digital entre el 28 de abril y el 2 de mayo.

Los datos entregados ahora, y solicitados en octubre del pasado año, suman 5,42 gigabytes y fueron agregados sin índice y de forma desorganizada. Hay cerca de cinco mil documentos (técnicos, jurídicos y de negocios), con un número estimado de alrededor de 100 mil páginas, detallaron los abogados defensores.

Explicaron además que Moro denegó la solicitud de un plazo adicional para estudiar la voluminosa documentación y también la entrega de la otra parte de los legajos pendientes de revisión.

El propio juez federal de Curitiba, quien maneja a su antojo los hilos de Lava Jato, resolvió este lunes prohibir a la defensa de Lula grabar su interrogatorio, alegando que con ello pretendían 'transformar el acto en un evento político-partidario, absolutamente ajeno al propósito del proceso'.

Por otra parte, la jueza Diele Denardin Zydek prohibió la instalación de campamentos en la capital paranaense para impedir el respaldo popular al exdignatario, una actitud que el coordinador del Frente Brasil Popular, Raimundo Bonfim, consideró típica de un Estado de excepción.