Lima, 1 jul (PL) Un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dispone que el Estado peruano investigue una ejecución extrajudicial, genera polémica e interpretaciones diversas y hasta contrapuestas.

Las reacciones van desde la satisfacción de organizaciones defensoras de derechos humanos y del gobierno, cada cual por motivos diferentes, hasta la vehemente indignación de sectores radicales de derecha que arremeten contra la sentencia.

El dictamen está referido a la muerte de Eduardo Cruz (Tito) y establece que el citado integrante del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) fue eliminado en condición de prisionero, tras el rescate militar de más de 70 rehenes en manos de ese grupo, en la residencia del embajador japonés, en abril de 1977.

Exhorta por tanto al Estado peruano a abrir un proceso de investigación que esclarezca el caso e identifique a los autores, sin cuestionar el rescate, pues el crimen ocurrió tras la misma, cometida por paramilitares que entraron a la sede tras la operación militar.

El presidente Ollanta Humala afirmó hoy que la corte interamericana reconoce la validez de la operación, lo que interpreta como reconocimiento de que los militares que la realizaron "son héroes y no villanos".

También negó que el fallo anule la sentencia del fuero judicial militar que años atrás declaró inocentes a los comandos de élite que realizaron la operación y reivindicó que no haya dispuesto el pago de indemnizaciones a las familias de quienes llamó terroristas.

Sin embargo, el jurista Carlos Rivera, uno de los impulsores de la demanda ante la corte internacional, dijo que el dictamen establece que los casos de derechos humanos no deben tratarse en tribunales militares y no otorgó reparaciones porque no fueron solicitadas.

Humala consideró negativo que la corte haya ordenado que el Estado peruano pague los costos del proceso a la demandante Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) de Perú y al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.

Rivera anotó que tal obligación es usual que quien pierde el proceso pague las llamadas costas del juicio.

El jurista señaló de otro lado que el fallo determina la anulación de un fallo de la justicia peruana que exoneró de culpa al exjefe de las fuerzas armadas, Nicolás Hermoza, y el exasesor de Inteligencia Vladimiro Montesinos y el exoficial Roberto Huamán, y dispone sean investigados como autores mediatos.

Añadió que, si bien los comandos del rescate no son afectados, los jefes de la operación, los hoy generales José Williams Zapata, José Patiño y Luis Alatrista, serán investigados como sospechosos de haber permitido el ingreso a la residencia japonesa, de un grupo de aniquilamiento dio muerte a Tito.