Guatemala, 28 jun (PL) El presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, interpuso un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), indicó el vocero oficial, Jorge Ortega, mientras ese tribunal analizará pruebas para decidir si procede un antejuicio contra el gobernante.

La CC acordó el martes anterior escuchar en vista pública los argumentos sobre el recurso provisional otorgado el 18 de junio a la abogada Karen Fisher, que dejó en suspenso el antejuicio en contra Pérez Molina solicitado por el diputado Amílcar Pop, de Winaq, por su presunta complicidad en casos de corrupción.

"Se está decidiendo políticamente un asunto que debía resolverse jurídicamente", criticó la presidenta de la CC, Gloria Porras, al informar hace cuatro días sobre el fallo adoptado con tres votos a favor y dos en contra.

Abrir una puerta para que cualquier ciudadano defienda a un funcionario público haría nulatoria la posibilidad de que el antejuicio pueda ser utilizado en beneficio de una investigación penal, manifestó la togada con relación al recurso presentado el 11 de junio por Fisher.

La Corte Suprema de Justicia autorizó este mes, por unanimidad, que el Congreso estudiara la petición de antejuicio contra el general retirado.

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público desmantelaron una red de fraude aduanero y capturaron a varios implicados en un contrato anómalo firmado entre el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y la farmacéutica Pisa.

Entre los involucrados en el primer escándalo está el prófugo Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien dimitió el 8 de mayo, tras diversas protestas masivas en su contra.

Sobre el contrato, suscrito por más de 15 millones de dólares, uno de los ligados a proceso fue Juan de Dios Rodríguez, exsecretario privado del jefe de Estado, y designado por este como presidente de la Junta Directiva del IGSS.

Decenas de guatemaltecos protestaron hoy por décimo sábado consecutivo en contra de la corrupción y a favor de la renuncia del gobernante frente al Palacio Nacional de la Cultura, símbolo del poder Ejecutivo en este país centroamericano.