El presidente venezolano Nicolás Maduro ratificó este miércoles la disposición del Gobierno a dialogar con todos los sectores de la oposición política, y conminó a sus dirigentes a participar en la mesa de conversaciones que deberá instalarse el próximo domingo 30 en Isla de Margarita.

Durante la apertura del Consejo de Defensa de la Nación, que por decisión presidencial -en correspondencia con el Artículo 323 de la Constitución- sesionará de manera permanente, el mandatario afirmó que el mantenimiento de la paz sería el primer punto de la discusión.

“Convoco a un gran diálogo social, humano, político por la paz de Venezuela. Continuemos insistiendo. Venezuela tiene un solo camino: la paz, para lograr la prosperidad nacional”, afirmó.

Explicó que mediante el Consejo de Defensa, el Ejecutivo, con participación consultiva del resto de los poderes públicos –excepto la Asamblea Nacional, cuyo presidente Henry Ramos Allup no asistió a la convocatoria- tomará las decisiones necesarias para preservar el orden democrático y constitucional de la República, atendiendo a la escalada de provocaciones de los sectores de derecha, incluido un intento de golpe parlamentario.

Al saludar la manifestación revolucionaria concentrada en las avenidas alrededor del palacio presidencial de Miraflores, Maduro calificó de insensata, irresponsable y cobarde la negativa de varios dirigentes opositores a sentarse a dialogar, a pesar de haber firmado el acuerdo logrado con mediación del Vaticano.

“Ellos no quieren diálogo, quieren un golpe de estado cruento, una intervención gringa en Venezuela, y aquí se va a imponer la Revolución Bolivariana”, dijo.

Pidió a las fuerzas revolucionarias mantenerse en las calles de manera pacífica, en rechazo a los llamados de la oligarquía a la desestabilización y la violencia, tras la convocatoria realizada por cabecillas de la derecha para desviar a Miraflores la marcha de partidarios de oposición que el propio miércoles desfilaron en el este de la ciudad de Caracas.

En los últimos días, los dirigentes de los sectores opuestos al gobierno han impulsado varias iniciativas tendentes a incrementar la tensión política en el país, entre ellas la aprobación de un acuerdo de la Asamblea Nacional para someter a juicio político al Jefe de Estado bolivariano.

La disposición, a pesar de no tener validez debido a la nulidad por desacato que pesa sobre el órgano legislativo, alude a una figura sancionatoria que no existe en la Constitución de la República, y solo intenta replicar el guión de golpe parlamentario empleado con efectividad en países como Paraguay y Brasil.