Los integrantes del grupo de resistencia, que lleva tres meses frente al edificio federal en el sector capitalino de Hato Rey tras la aprobación en el Congreso de la ley Promesa que superpone una junta al gobierno puertorriqueño, detallaron las medidas opresivas que ha tomado el tribunal desde su instalación en 1966.

'El tribunal federal en Puerto Rico hace cumplir los mandatos del Congreso de Estados Unidos sobre el pueblo puertorriqueño', advirtieron los integrantes del Campamento, que se proponen realizar este jueves y mañana viernes un festival cultural de denuncia de la situación colonial de esta isla del Caribe de 3,5 millones de habitantes.

Recordaron que la corte federal será la que dictará la implantación de la legislación Promesa, acrónimo en inglés de la Ley para la Supervisión, Gerencia y Estabilización Financiera de Puerto Rico, por lo que castigará a los que no se sometan a la Junta de Control Fiscal, que superpone al gobierno isleño.

'Es el instrumento legal que perpetúa nuestra colonización, por encima de las 35 resoluciones aprobadas por el Comité de Descolonización de la ONU, en las que se reconoce el derecho de Puerto Rico a su autodeterminación, (por lo que) no es momento de celebrar su imposición, sino que es tiempo para la desobediencia civil', adujeron en declaraciones escritas.

Según los miembros del Campamento contra la Junta de Control Fiscal, se trata del tribunal que emitió fallos a favor de la empresa multinacional Walmart para limitar los gravámenes del gobierno puertorriqueño a sus ganancias a pesar de la crisis fiscal que horada al país.

La Junta intervendrá en las determinaciones fiscales que realice el gobierno del Estado Libre Asociado (ELA), que este año degradó Washington mediante determinaciones casi simultáneas en el Congreso, el Ejecutivo y el Tribunal Supremo.

También, en su trayectoria, ha desestimado la obstrucción a la libertad de expresión contra la Marina de Guerra de Estados Unidos y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) por su uso de gas pimienta sobre desobedientes civiles y periodistas y ha declarado inconstitucional la ley de Quiebra Criolla, una legislación que buscaba atender la crisis fiscal isleña.

En ese extremo se incluyen los allanamientos y arrestos injustificados de luchadores independentistas, además de la complicidad en asesinatos políticos, tales los de Santiago Mari Pesquera (1952-1976), Carlos Muñiz Varela (1953-1979) y Filiberto Ojeda Ríos (1933-2005), responsable de la organización clandestina Ejército Popular Boricua (EPB-Macheteros).

También fallos judiciales declarando ilegal en Puerto Rico el matrimonio entre parejas del mismo sexo, lo que está sancionado en Estados Unidos y no encausar a sus propios funcionarios con patrón de hostigamiento sexual laboral.