Aunque el sistema de comercialización nacional está descentralizado y se rige por la relación oferta-demanda, la política del país para enfrentar los costos abusivos de bienes, otorga la facultad a cada localidad de concertar el valor del producto a la venta y servicio, ya sea en el sector estatal o no.

Actualmente existen más de 100 mil trabajadores en este último, es decir, los nuevos actores económicos son alrededor de la mitad de la fuerza productiva registrada en el territorio.

De las acciones implementadas y su valoración al respecto, Osmar Sánchez Licea, coordinador de Programas que atiende la Economía en el Gobierno, precisó a Sierra Maestra que “se creó el Comité de Precios Provincial, presidido por la Gobernadora y los Comités de cada municipio, dirigidos por los Intendentes”. Su objetivo fundamental deviene, más allá de la concientización, en establecer un porciento -por encima del costo de producción-, que se puede añadir y determinar el precio con el cual se venderá, lo que se concreta aún.

Por otra parte, se conformaron subgrupos de trabajo: el Metodológico e Inspección -integrado por el Grupo de Enfrentamiento, que a su vez se compone de organismos como Finanzas y Precios, Trabajo y Seguridad Social, la ONAT, la PNR, Higiene-; Comercio y MINAL, y Transporte.

Otra de las prioridades es fortalecer el funcionamiento de los grupos de enfrentamiento en su composición completa, buscando su eficiencia, sobre todo en las áreas de mayor ilegalidad, arterias y espacios prohibitivos; la reorganización de las ventas de garaje -iniciando por el apercibimiento u orden de advertencia en caso de identificar irregularidades- y el tratamiento a los ilegales con la posibilidad de inscribirse como Trabajadores por Cuenta Propia.

Sánchez Licea subrayó que aún falta alcanzar una sistematicidad en los controles y se prevé incluir en una base de datos a los ciudadanos que infrinjan lo establecido para comercializar, de esta forma es posible detectar a los reincidentes y aplicar una sanción mayor.

Una tarea priorizada es la consolidación de los Comités de contratación municipales y provincial con la aprobación de la distribución, los principales destinos y la concertación de precios de compra a los productores y venta a la población de los productos agropecuarios. En sentido general, los productores y entidades deben presentar propuestas de precios, a partir del cálculo de las fichas de costo de las ofertas de las empresas municipales y Acopio.

Las medidas incluyen, además, el intercambio con los actores económicos no estatales sobre los costos de su actividad, utilidades actuales, promoviendo el análisis de los precios que aplican; normando el porciento de utilidades y controlando la licitud de los recursos con un respaldo documental.

La lucha abierta para revertir la situación actual, exige de una campaña que intensifique las acciones de comunicación, sobre los precios concertados y los resultados de los controles realizados y divulgar en los medios de prensa las cifras fijadas en las cadenas de producción y distribución de productos (agropecuarios o no), así como los efectos de la implementación de las medidas, de forma que los santiagueros los conozcan y se sumen a las acciones de control.

Para evaluar la aplicación y los efectos del sistema de trabajo, se estableció la realización diaria de una rendición de cuenta de los municipios y los subgrupos. Sin embargo, en el período de implementación de estas medidas, aún no se ven los efectos, ya que los precios para obtener lo indispensable del día a día no se corresponden con las posibilidades reales de pago con un salario promedio de un trabajador estatal.

Los costos son más elevados si se habla de los nuevos actores económicos que insertan productos foráneos en la red de comercialización (en su mayoría), a través de importadoras-exportadoras nacionales. Según el Coordinador, una alternativa de control sería registrar el costo de compra en el exterior, el flete, la manipulación, el arancel -teniendo en cuenta las tasas de cambio en ese momento- y cortar los intermediarios, para el establecimiento del porciento máximo que incidirá en el valor final.

Transporte y alimentación en la mira

Sobre las infracciones en los precios del transporte y la necesidad de que accionen la Unidad Estatal de Tráfico y la Dirección de inspección, Sánchez Licea dijo que se trabaja en el reordenamiento de las rutas y la reactivación del transporte estatal; esto a partir del empleo del financiamiento obtenido de la contribución territorial para la compra de gomas y baterías.

Mientras, otros vehículos que se encontraban de baja técnica, fueron arrendados a nuevos actores económicos, con un control de rutas asignadas, precios y horarios de trabajo establecidos por la Empresa Provincial de Transporte. “A estos choferes se les asigna una tarjeta de combustible; ellos se encargan de arreglar y mantener los medios y en su ficha de costo se hace un balance de los gastos para determinar cuánto cobrar por pasaje, de forma que no les den pérdida, pero que tampoco sean excesivos”, añadió.

Precios de los alimentos

William Hernández Morales, coordinador de Programas y Objetivos que atiende la Agricultura, precisó que el Decreto 35 norma la descentralización de los precios en el sector, o sea, todos se determinan por oferta-demanda a excepción del arroz, el café, la caña de azúcar y el tabaco.

Pero la política del país exige poner fin a los números irrisorios; en correspondencia, semanalmente se evalúa cómo han oscilado los costos de los productos comercializados por las diferentes formas de gestión de la economía.

Hernández Morales informó que se enfatiza en la confección de la ficha de costo de los productores; por otra parte, con los TCP -quienes afirman que compran caro-, se busca certificar dónde y a qué costo adquieren la mercancía: “De igual manera, se está tratando de crear un mercado mayorista, en un lugar específico, donde ellos vendan de forma controlada”.

Persiste la existencia de estructuras y mecanismos de pagos lentos: “Por ejemplo, el productor le compra a la cooperativa, esta a su vez le vende a la empresa, esta última a Acopio y de ahí se vende en la ciudad. Son muchos intermediarios.

“En la red de comercialización hay diferentes actores, está Acopio, los TCP, mercados arrendados por bases productivas y productores individuales. El sistema de los cuentapropistas es de compra directa. Acopio hoy cuenta solamente con cinco colectivos laborales que gestionan y tienen independencia económica para entregar el dinero con inmediatez, pero los restantes se tardan hasta un mes”. Todo esto influye en la estabilidad de ofertas agropecuarias de los nuevos actores económicos en relación con el estatal.

Santiago de Cuba tiene más de 40 mil productores, no obstante, en la actualidad inciden en los precios, tanto los costos de la contratación de fuerzas de trabajo -además de no contar con suficiente mano de obra- como de los insumos. A esto se suma que solo el 3% de las áreas cultivadas tiene riego, lo cual deja tierras preparadas a expensas de la lluvia o la sequía.

Aunque el Decreto 35 también aboga porque los campesinos -una vez cumplidos sus contratos- puedan vender al Estado o a otros actores a un precio diferenciado, aún es un asunto pendiente el “efectuar una buena contratación contra el potencial, para explotar al máximo lo que pueden ofrecer.

“Las acciones se enfocan en chequear el destino del campo a los mercados de la ciudad; priorizar el autoabastecimiento de los consejos populares, basado en las responsabilidades de cada localidad y exigir que se cumpla con lo establecido por los Comités de Contratación Municipales”, apuntó.

La Constitución establece ideas centrales que ayudan a no perder de vista la esencia de nuestros fundamentos económicos: “El Estado dirige, regula y controla la actividad económica conciliando los intereses nacionales, territoriales, colectivos e individuales en beneficio de la sociedad. La empresa estatal socialista es el sujeto principal de la economía nacional y desempeña el papel principal en la producción de bienes y servicios y cumple con sus responsabilidades sociales”.

Más allá del rol de los nuevos actores económicos y en medio de los efectos de la crisis económica mundial, el recrudecimiento del bloqueo e ineficiencias internas, la empresa estatal socialista tiene el reto de retomar su protagonismo y reforzar su ejercicio para que los precios abusivos y especulativos, no ocupen espacios.

Al propio tiempo urge agilizar la materialización de estas medidas para poder evaluar su efectividad en el terreno y sobre todo que la población perciba su efecto.