El encuentro del CAL, marcado para la mañana de este viernes, será una reunión formal, pues quienes deberán profundizar en el caso son los integrantes de la Comisión de Fiscalización.

Esa mesa parlamentaria trabajará para emitir en 30 días un informe en el cual recomendará o no el enjuiciamiento del mandatario, pero corresponderá al pleno de la Asamblea Nacional decidir sobre la destitución del jefe del Ejecutivo.

Así lo aseveró el legislador Pedro Velazco, para quien la Comisión no tiene la facultad de archivar un juicio político contra un presidente de la República y el documento tiene que obligatoriamente llegar al pleno.

El jefe del parlamento Virgilio Saquicela indicó que ese es un procedimiento “legítimo”, que garantiza la “estabilidad democrática” y aseguró que lo tratarán con “responsabilidad y en estricta observancia a la Constitución y a la Ley”.

En un mensaje en cadena nacional en la noche de este jueves, Lasso se declaró inocente frente a las acusaciones de malversación y consideró que algunos asambleístas buscan acabar con su reputación y la de su familia.

Aseguró que no hay pruebas en su contra, pues el contrato en el cual basan la acusación fue firmado en 2018, antes de él ser presidente y, según dijo, la Fiscalía ni siquiera ha abierto una investigación por ese motivo.

Lasso se refirió así a la acusación de irregularidades en la contratación de buques para el transporte de crudo por parte de la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec).

Sin embargo, no mencionó que la denuncia argumenta cómo siendo ya presidente el jefe de Flopec, Johnny Estupiñán, lo puso al tanto de los hechos ilícitos y no hizo nada al respecto.

Su salida anticipada del poder tendría que contar con el respaldo de 92 asambleístas de un total de 137 y, en caso de concretarse, asumiría el vicepresidente Alfredo Borrero por el tiempo que le resta al actual periodo de mandato.

Organizaciones sindicales, estudiantiles y campesinas apoyan el fin del mandato de Lasso no solo por las acusaciones de delitos contra la administración pública, sino por la aplicación de un programa neoliberal en detrimento de la sociedad.