El reporte, divulgado en el sitio digital del diario La Notizia, señaló que esa cifra muestra un aumento de más del 60,0 por ciento en comparación con los tres mil 35 arribos registrados en el mismo período del año anterior, mientras que en 2021 el número de llegadas fue de solo mil 39.
Esos datos comenzaron a registrarse en 2013 y tres años después se alcanzó la cifra máxima de 180 mil desembarcos, con cinco mil 273 realizados en el primer mes de 2016, pero posteriormente se evidenció un marcado descenso, tendencia que se revirtió el pasado mes con la llegada a costas italianas de casi cinco mil inmigrantes, precisó la fuente.
El Instituto de Estudios Políticos Internacionales de este país informó recientemente que en enero pasado llegaron a puertos italianos 527 inmigrantes rescatados en el mar Mediterráneo por barcos operados por organizaciones humanitarias, alrededor del 10,0 por ciento del total, y las restantes personas desembarcaron de forma independiente.
Sin embargo, según observadores, las actuales acciones gubernamentales para tratar de frenar el flujo migratorio se centran en acciones para limitar las actividades de salvamento por parte de los buques humanitarios y, en tal sentido, se aprobó el 28 de diciembre último un decreto ley que estipula restricciones y sanciones.
La iniciativa impone que los buques deben llegar sin demora al puerto asignado para culminar la operación de un único rescate y los puntos de desembarco pueden estar muy alejados de los lugares de salvamento, a la vez que establece multas de 10 mil y 50 mil euros para los infractores, así como el posible decomiso del barco.
El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, principal promotor de esas medidas, apuntó al respecto que el propósito de su Gobierno es “enfrentar el flujo migratorio ilegal y defender nuestras fronteras” ya que, según dijo, la situación actual no es sostenible.
Ese decreto ley “tiene como objetivo conciliar la necesidad de garantizar la seguridad de las personas recuperadas en el mar, de conformidad con el derecho internacional y nacional pertinente, con la de proteger el orden público y la seguridad, según señaló el funcionario.
Piantedosi destacó, entre sus argumentos, el incremento de los desembarcos en Italia durante 2022, que trajeron a más de 104 mil emigrantes, superior a unos 67 mil del año previo y tres veces los registrados en 2020, según datos oficiales.
El 5 de enero último, la portavoz de la Unión Europea (UE), Anitta Hipper, cuestionó esa legislación y enfatizó que “salvar a personas en peligro en el mar es una obligación moral y un deber jurídico”.