Septiembre es el mes en que el mundo toma un día, el 10, para concienciar a las personas sobre la existencia de un problema que a veces se silencia, y para evaluar qué se hace a favor de su disminución.

Santiago de Cuba, la segunda provincia más poblada de la Isla, mostró sus avances y replanteó las prácticas poco efectivas en la materialización del Programa de Salud mental y Abuso de Sustancias, a fin de potenciar el trabajo de detección y enfrentamiento de los factores de riesgo para la conducta suicida.
Así lo explicó a este rotativo Yamilka Rodríguez Castillo, coordinadora del Programa en el territorio, quien informó que en lo que va de año la provincia ha logrado mantener las tasas de morbilidad por intentos suicidas y de mortalidad por suicidios en los parámetros aceptados por el Ministerio de Salud Pública, ambas por debajo de 10 por cada 100 000 habitantes.
Como explicara la experta, cada persona que logra quitarse la vida es una pérdida irreparable en un sistema social que se basa en ofrecer bienestar y seguridad a las personas, y en proveer oportunidades para su desarrollo integral. No obstante, el propósito cubano de mantener este indicador en 10 o menos casos de muerte autoprovocada por cada 100 000 personas, habla de la voluntad de suprimir en lo posible una práctica que -según datos de la Organización Mundial de la Salud- alcanza en el planeta una incidencia de 16 por cada 100 000 habitantes.
A decir de Rodríguez, el comportamiento actual de la conducta suicida en Santiago de Cuba evidencia un aumento de los intentos en las mujeres, con prevalencia del consumo de psicofármacos como método para atentar contra la vida; mientras que entre los hombres priman los ahorcamientos y las precipitaciones al vacío.
“No son datos para alarmar a la población, pero es bueno que se conozca lo que ocurre y las personas contribuyan a la prevención de este problema. El suicidio no puede verse como “algo que no va a pasar dentro de mi familia”; es una posibilidad real cuando concomitan factores de riesgo que deterioran la salud mental de las personas”, aseveró.
La especialista explicó que entre los casos de intento suicida registrados hasta la fecha, el grupo de los adolescentes es uno de los de mayor riesgo; y llama la atención el incremento de personas con conducta suicida en mayores de 65 años.
“Entre los jovencitos hay prevalencia de edades entre 10 y 14 años, aunque también hay casos de 16 y 17 años. En este grupo etario solo se ha producido una muerte en lo que va de año, lo cual es muy lamentable y ha impulsado la aplicación de estrategias más efectivas en este sector”, comentó.
Entre las acciones para lograr mayor efectividad, se aboga por una mayor participación de los profesionales que se hallan en los servicios médicos de los barrios.
“La atención primaria de Salud es esencial para la prevención. Cuando un médico está capacitado para identificar el comportamiento suicida, el paciente pasa a las estadísticas y así se logra una visión más atinada de la situación real del intento de suicidio, y se adopta la conducta terapéutica oportuna para revertir la situación que produjo ese comportamiento. Esto permite trazar estrategias más contextualizadas”, señaló Rodríguez.
En efecto, evitar la ambigüedad en los diagnósticos salva vidas y ayuda a optimizar el trabajo preventivo y a identificar otros problemas de salud.
“Cuando un adolescente llega a un servicio de emergencias con una intoxicación por consumo de sustancias, el especialista que le atiende debe ser capaz de realizar una adecuada exploración clínica que le permita determinar si se trata de un intento de quitarse la vida o si hubo una intención de intoxicarse con el consumo de psicofármacos y alcohol.
“En ambos casos están definidos los protocolos de atención y para proceder con el paciente es vital lograr un adecuado diagnóstico”, concluyó.
El enfrentamiento al serio problema que constituye el suicidio, está articulado en un programa de prevención al que tributan los servicios de salud mental comunitarios y los centros municipales y provincial de salud mental. Participan también los médicos de familia, Educación, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Trabajo y Seguridad social para brindar asistencia en la solución de problemas socio-económicos de los pacientes. También Fiscalía se integra, para hacer cumplir la responsabilidad legal de los padres en la prevención de los factores de riesgo conducentes a la conducta suicida.