La Habana, 19 jun (PL) Las delegaciones de las FARC-EP y el gobierno colombiano continúan hoy aquí las conversaciones, centradas en el tema de las víctimas del conflicto en esa nación, como parte del ciclo 38 del proceso de paz.

En el contexto de las pláticas que ambas partes desarrollan en La Habana desde 2012 para poner fin a la larga confrontación armada, la delegación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) presentaron iniciativas con el fin de facilitar un acuerdo sobre la cuestión de las víctimas.

En ese sentido, la guerrilla insistió en otorgar el reconocimiento de las víctimas "como sujetos políticos y reconocimiento especial a las víctimas colectivas, lo cual implica la construcción de un nuevo modelo de Registro Plural y Unificado de Víctimas, que incluya a colectivos victimizados y a víctimas de crímenes de Estado".

La insurgencia abogó igualmente por la realización de un acto colectivo de contrición política de reconocimiento de las responsabilidades, asumiendo cada parte lo que le corresponde, como expresión de voluntad de contribuir a un definitivo "nunca más".

Propuso además la formulación e implementación del Plan Nacional para la Reparación Integral de las víctimas del conflicto con sustento constitucional, para un período inicial de 10 años.

En aras del esclarecimiento de la verdad sobre la confrontación armada, las FARC-EP instaron a adelantar en el estudio de los informes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas.

También ratificaron la necesidad de acordar con celeridad los elementos de disenso que aún persisten en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.

De igual forma, la insurgencia llamó a que se proceda con el desmonte de las estructuras paramilitares en todas sus formas y modalidades en Colombia, para lo cual propuso la conformación de sendas Comisiones, destinadas al esclarecimiento del fenómeno del paramilitarismo y a la erradicación de este flagelo.

Asimismo, la guerrilla insistió en la posición de sancionar por vía expedita la vulneración de los derechos humanos, territoriales y ambientales que cometan tanto entes estatales como actores empresariales privados.