La ampliación de los derechos individuales y las garantías jurídicas, los cambios en la estructura del Estado y la economía resultan recurrentes en las intervenciones de un proceso que también tiene lugar en el exterior, con la participación de los cubanos que cumplen misiones o residen en más de un centenar de países.

El proyecto aprobado en julio por la Asamblea Nacional de Poder Popular presenta novedades respecto a la carta magna vigente desde 1976, entre ellas el principio de progresividad de los derechos humanos y la interpretación de los mismos de conformidad con los tratados internacionales ratificados por Cuba en la materia.

Asimismo, reconoce la propiedad privada y el mercado, y separa las responsabilidades de Estado y de Gobierno, al crear las figuras del presidente y vicepresidente de la República y la del primer ministro. Aunque representa una reforma total de la actual Constitución, al mantener solo 11 artículos de la misma, el documento ratifica el carácter socialista de la mayor de las Antillas y el papel rector en su sociedad del Partido Comunista.

Entre las propuestas escuchadas en las semanas de discusión transcurridas están incluir la edad en las cuestiones de no discriminación, el derecho a la asistencia jurídica desde la detención o el procedimiento contra una persona y la eliminación de términos que pudieran resultar ambiguos o indefinidos como 'El Estado trabaja para', 'adecuado' y 'vivienda digna'.

También surgieron en los debates el llamado a no limitar la edad del presidente de la República a 60 años para comenzar su primer mandato, ni su gestión a dos términos de un lustro cada uno, bajo el argumento de que debe seguir en el cargo si cuenta con el respaldo del pueblo.

Otros temas abordados responden al pedido de elegir al gobernador provincial, en lugar de su designación, como indica el proyecto constitucional, y de fortalecer el trabajo del Poder Popular en la base, con la profesionalización de los delegados de circunscripción entre las iniciativas.

Además, participantes en la consulta abogaron por impulsar desde la carta magna el combate contra la riqueza ilícita y no perseguir a la generada dentro de la ley, sin renunciar al principio de la propiedad socialista y a los valores de justicia social y equidad.

Las ocho semanas de reuniones en comunidades, instituciones y en el extranjero también arrojaron el interés de potenciar desde la Constitución el principio de la distribución de la riqueza con arreglo al trabajo aportado y la autonomía de las empresas socialistas.

Como se vaticinó, el cambio propuesto en la institución del matrimonio, abriendo espacios para el matrimonio entre personas del mismo sexo, desató polémica, dejando claro que no existe consenso al respecto en la sociedad cubana.

La eutanasia fue otro espinoso asunto tratado, y muchas personas defendieron la inclusión en la ley de leyes de los derechos de los animales, pero expertos advierten que los ordenamientos jurídicos no suelen considerar a estos como sujeto de derecho, solo a las personas naturales y jurídicas.

Al concluir la consulta, a la cual restarán después de esta cinco semanas, la comisión de la Asamblea Nacional encargada de redactar la Constitución utilizará las opiniones y propuestas de la población para mejorar el texto, que será sometido a un referendo aprobatorio previsto en principio para finales de febrero de 2019.

Miembros de esa comisión, entre ellos el propio presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, han insistido en el protagonismo popular a la hora de materializar la plataforma político-jurídica que se espera rija el camino de la isla durante las próximas décadas hacia un socialismo próspero y sostenible.