Por su parte, Martínez señaló ante una pregunta de Prensa Latina que existe una metodología para garantizar que los criterios de la población lleguen a la comisión, en un proceso que culminará con un referendo aprobatorio del que Cuba saldría con una nueva Constitución, en reemplazo de la vigente desde 1976.

El Centro de Estudios Sociopolíticos y de Opinión tendrá la responsabilidad de garantizar el procesamiento de esa información, precisó.

El 22 de julio la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de nueva carta magna tras varios días de debates y convocó a la consulta, para lo cual comenzó esta semana la distribución en todo el país de 600 mil tabloides con la Constitución propuesta, que tiene un preámbulo y 224 artículos (87 más que la actual ley de leyes), divididos en 11 títulos, 24 capítulos y 16 secciones.

De acuerdo con Torres-Cuevas, se trata de un proceso de participación popular sin precedentes.

Vale la pena destacar que tendremos puntos de vista diferentes a partir de la opinión de todos los cubanos, algo muy bueno y necesario, porque enriquecerá el texto, subrayó.

Para el diputado, una cuestión a tener en cuenta es que la carta magna representa un documento de 'legislación mínima y no un reglamento', por lo que algunos criterios expuestos por la población pudieran verse reflejados después en las leyes complementarias y no necesariamente en la Constitución.

También Rodríguez resaltó la voluntad de la isla de convertir al pueblo en constituyente.

Creo que es un hecho único, algo excepcional que demuestra la madurez de nuestra democracia, sentenció.

Después de la consulta popular, el texto regresará a la Asamblea Nacional para la discusión de las propuestas, a lo cual seguirá la convocatoria al referendo aprobatorio.

El documento en torno al cual opinarán los cubanos en los próximos días refleja cambios en la estructura del Estado, incluyendo la creación de los cargos de presidente y primer ministro de la República, y otorga rango constitucional a varios principios en materia de política exterior defendidos durante décadas por la Revolución cubana.

En ese sentido, aboga por la paz mundial, la integración latinoamericana y caribeña y la protección del medio ambiente; protege los derechos humanos; condena el terrorismo, la injerencia en los asuntos internos de los Estados y las agresiones; y llama al desarme, incluyendo la eliminación de las armas nucleares.

De igual manera, reconoce el papel del mercado y de nuevas formas de propiedad en Cuba, entre ellas la privada.

Respecto a los derechos, amplia el acceso a los mismos, ya que además de mantener la salud y la educación con carácter gratuito, potencia los derechos a la defensa, el debido proceso, la participación popular y la no discriminación, en este último caso incorporando 'por género, identidad de género, orientación sexual, origen étnico y discapacidad'.