La iniciativa consiste en separar la dirección de los consejos de la Administración y de las asambleas provinciales y municipales del Poder Popular, recordó Leonardo Andollo, vicejefe de la comisión que implementa los lineamientos de la actual política económica y social de la nación.

Según explicó el legislador en la sesión plenaria de la Asamblea Nacional que tuvo lugar este martes en el capitalino Palacio de las Convenciones, transcurrido un quinquenio del inicio de la experiencia, todavía resulta necesario avanzar en su consolidación antes de proceder a un proceso de generalización a escala nacional.

Entre los aspectos positivos, Andollo distinguió el fortalecimiento de las asambleas en ambas provincias de cara al cumplimiento de sus funciones estatales.

Las direcciones de las asambleas, ilustró, incrementaron la atención y la fiscalización a las administraciones constituidas por estas, a sus comisiones permanentes de trabajo, los consejos populares, los delegados (concejales) y a la población en general.

En los dos territorios también fueron independizadas las funciones estatales de las empresariales, creándose el sistema empresarial local en el nivel provincial, apreció.

Ello aseguró, en lo fundamental, los servicios a la ciudadanía y la actividad económica, generando utilidades por alrededor de 400 millones de pesos (un peso es igual a un dólar al cambio oficial), en el período de 2011 a 2015, informó.

Un aspecto meritorio es la racionalización en la estructura y la composición de los órganos de dirección, unido a la reducción de las instalaciones de trabajo, esencialmente en el nivel provincial, lo cual permitió aminorar gastos e introducir de manera gradual las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de dirección, explicó el funcionario.

Sin embargo, la Asamblea Nacional acordó prolongar el experimento al evaluar también las deficiencias e insuficiencias detectadas, que en algunos casos sobrepasaron los niveles permisibles y dificultaron el logro de los objetivos previstos.

Según indicó Andollo, todavía los órganos locales del Poder Popular en Mayabeque y Artemisa no alcanzaron los niveles de eficiencia, que posibilita el modelo, para el cumplimiento de las funciones estatales.

Mientras el sistema empresarial, en particular las entidades de logística, no han logrado garantizar de manera oportuna la distribución de los recursos demandados hasta su destino final, por razones subjetivas y materiales, valoró.

Resulta necesario disponer de un mayor plazo para concluir el experimento y con ello consolidar el modelo con vistas a su ulterior generalización en el resto del país, enfatizó el representante gubernamental.